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sábado | 18 mayo | 2024
Tatuadores de Galicia han unido fuerzas para denunciar la realidad que padecen desde hace un año. Tras el “perjuicio y desconcierto” que está causando en el sector la noticia de las inspecciones de la Guardia Civil (se incautaron, tras registrar más de 20 locales de A Coruña y su área, de miles de agujas y tintas, así como de billetes falsos y droga), cuarenta estudios de tatuaje han firmado un comunicado en el que se busca esclarecer la situación.
Tatuar a color es ilegal en España desde hace meses debido a la falta de tinta homologada por Sanidad. Se trata, explican los profesionales, de una diferencia clara con otros países miembro de la Unión Europea: “En España existe un proceso de homologación independiente para las tintas de tatuaje, el cual tiene costes muy elevados y además es un proceso lento. A pesar de ello, los tatuadores podíamos comprar tintas homologadas de diferentes marcas sin problema”. En enero de 2022, sin embargo, entró en vigor en Europa la certificación Reach (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) y, a partir de entonces, se exige el cumplimiento de una serie de requisitos en la elaboración de las tintas. Esta normativa implica que aquellas tintas ya homologadas en España se deban reformular y pasar de nuevo tanto los trámites de la certificación Reach como los “genuinos trámites” exigidos por el Gobierno. Esto conlleva, relatan los profesionales del tatuaje, que “a pesar de que existan tintas en el mercado que cuenten con la homologación Reach, su uso en España no esté permitido por no haber pasado el segundo trámite exigido por las autoridades españolas”.
Como consecuencia, a día de hoy no existe ninguna tinta de color homologada en España, suponiendo un gran perjuicio e incertidumbre para el gremio, ya que no pueden llevar a cabo su trabajo con normalidad. En la denominada operación ‘Opsyl’, desarrollada durante dos meses en 23 locales de tatuaje, piercing y micropigmentación de A Coruña, Oleiros, Arteixo, Culleredo, Sada, Miño y Betanzos, también se intervinieron más de 8.000 agujas.
En el comunicado aclaran que este material vive una circunstancia similar a la de las tintas. “Las agujas están consideradas como producto sanitario a efectos legales. Esto se traduce en que solamente pueden ser distribuidas por empresas que cuenten con licencia para importación y distribución de productos sanitarios en España. Esto implica la prohibición del uso y venta de agujas de tatuar provenientes de otros países miembro, a pesar de cumplir todos los requisitos legales y sanitarios exigidos por la Unión Europea”, indican.
