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lunes | 20 mayo | 2024
Minutos antes del inicio del pleno de este jueves los vecinos de las Casas de Franco y del Agra dos Mallos se concentraron en María Pita para pedir soluciones a sus demandas. En el caso de los primeros, mostraron de nuevo su desconformidad con la reforma urbanística de la zona, todo ello dos semanas después de la reunión mantenida entre los residentes afectados y representantes del Ayuntamiento. En este encuentro, el Gobierno local accedió a rebajar el muro de la discordia rechazado por los vecinos. Así, pasaría a ser de 76 centímetros.
Ayer, los residentes concentrados frente al Palacio Municipal de María Pita señalaron que no llegaron a ningún acuerdo con el Ayuntamiento y que mantienen su firme oposición al muro. Quieren, recordaron, una plaza o jardín con acceso directo a los portales.
Tras dar luz verde en el pleno a la moción del PP en apoyo a las reivindicaciones de los vecinos de las Casas de Franco, estos han decidido desconvocar la nueva concentración que estaba anunciada para el próximo lunes. El portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, aseguró que el Gobierno local se sentará a “hablar de las mejoras con los vecinos y llevaremos a cabo las medidas que mejor nos encajen en cuanto a la rehabilitación”.
Este nuevo encuentro, en realidad, ya se había anunciado con anterioridad por parte del PSOE. “A la espera de que desde el Ayuntamiento se nos presente la modificación del proyecto y analicemos cómo se recogen nuestras propuestas, desconvocamos la manifestación anunciada para el próximo lunes, día 11”, anunciaron los vecinos. Estos añadieron, además, que "le vamos a dar unos días al Ayuntamiento para que presenten las modificaciones que le indicamos", aseguran.
Los residentes del Agra dos Mallos llegaron a la plaza con una pancarta en la que reclamaban a la alcaldesa, Inés Rey, una “solución xa”. Desde hace semanas se encuentran en pie de guerra por el proyecto de desarrollo de un polígono en las inmediaciones de cuatro viviendas que hace peligrar la existencia de las mismas, construidas antes de la Guerra Civil. En febrero realizaron una cadena humana en forma de protesta. Ni se quieren ir de sus casas ni están dispuestos a pagar por ellas una cantidad que supera, según denuncian, los 130.000 euros.
