El propietario del inmueble conocido como Torre de Lanzós dispone hasta el mes de febrero del próximo año para iniciar las obras de consolidación del edificio y estas deberán estar concluidas en agosto de 2014.
Estos son los plazos que maneja la administración municipal, después de la decisión de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de dar luz verde al proyecto y la posterior concesión de licencia por parte del Ayuntamiento de Betanzos.
La construcción, levantada frente a la iglesia parroquial entre los siglos XV y XVII, tiene consideración de Bien de Interés Cultural (BIC), la máxima establecida en el actual ordenamiento jurídico, de acuerdo con la Lei de Patrimonio de Galicia.
Además, con la Casa Gótica, la Torre de Lanzós se ha convertido en insignia para el movimiento vecinal surgido en torno a la necesidad de recuperación del casco histórico de Betanzos.

Obligaciones
La protección y mantenimiento de este tipo de bienes corresponde a los propietarios y, en este caso, al único titular del edificio ubicado en el número 23 de la calle de Lanzós, visible desde las calles de Santiago y A Torre.
En cuanto a la Casa Gótica de la Rúa da Cerca, a las reclamaciones vecinales, que los betanceiros quisieron escenificar el pasado mes de octubre coincidiendo con el quinto aniversario de la demolición con la colocación de una pancarta reivindicativa en la valla que circunda el inmueble, se sumó en los últimos tiempos el malestar de los concejales del Partido Popular.
En septiembre de este año, el primer grupo de la oposición reveló que el Ayuntamiento de Betanzos no había ingresado ni un solo euro de las multas impuestas al propietario de la Casa Gótica, al que se le acusa del desmontaje de la fachada con fecha de 2 de octubre de 2008.
En este sentido, los conservadores aseguraron que “la última actuación que consta en el expediente” corresponde a un acuerdo de la junta de gobierno de 26 de julio de 2012. El grupo que encabeza el socialista Ramón García Vázquez respondió entonces que ambas sanciones económicas, de 3.000 euros cada una, están en “vía de apremio”, que tutela los servicios de la Diputación de A Coruña. n