“Estoy totalmente tranquilo. Lo que quiero y pido es que la justicia coloque a cada uno en su lugar”. Así se manifestaba ayer el alcalde de Coristanco, Antonio Pensado Plágaro, a su salida de los juzgados de Carballo, donde prestó declaración durante siete horas ante la titular del juzgado de instrucción número uno por una causa en la que se le imputan los supuestos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
El regidor acudió a la sede judicial acompañado por su abogado, Ulises Bértolo, poco después de las nueve de la mañana y permaneció en el edificio hasta las cinco de la tarde. Según informó el letrado, durante ese tiempo  Pensado dio “explicaciones detalladas” sobre todos los temas que están dentro de la causa y, además, la defensa puso en conocimiento de la jueza errores que detectaron en la investigación realizada por la policía judicial “en cuestiones que consideramos importantes”, si bien no dio ningún detalle al respecto.
En cuanto a las dos cuestiones más importantes de la instrucción –las supuestas irregularidades en la adjudicación de obras y la denuncia de trato a favor a la empresa Gesmaga– Bértolo indicó que ambas denuncias responden a enfrentamientos que se están tratando fuera del ámbito que les corresponde.
Con respecto a  los expedientes de obras adjudicadas a la empresa Alejandro Martínez en 2009 y sobre los que la secretaria municipal denunció ante la Fiscalía en agosto de 2013 la existencia de supuestas irregularidades, la defensa argumentó que esta acusación se presentó con posterioridad a que la Dirección Xeral de Administración Local incoara un expediente disciplinario contra la funcionaria por “irregularidades en el ejercicio de sus funciones en el Ayuntamiento” que aún se está tramitando. En este asunto hizo especial hincapié el abogado, sosteniendo que las acusaciones de la secretaria –que además presentó una denuncia contra el alcalde por acoso laboral–, “parten de una confrontación con el Ayuntamiento. No con el alcalde ni con las autoridades, sino con sus propios compañeros”.
Por eso el alcalde defendió que “no existe ningún tipo de irregularidad en los  expedientes y que todos fueron tramitados contando con informes favorables por parte de los técnicos”, con los que actuaron tanto el regidor como todos los miembros de la junta de gobierno local encausados en el caso, dijo Bértolo.
Acerca de la denuncia presentada por Contenedores Miramontes por un supuesto trato de favor hacia otra firma competidora del propio municipio (Gesmaga) en la concesión de una licencia para una planta de reciclaje de residuos, la defensa siguió la estrategia ya anunciada: demostrar que hay una confrontación desde hace tiempo entre las dos empresas y que ésta se está trasladando “a un ámbito en el que no le corresponde estar”.
“No ha habido ningún agravio comparativo, se han llevado los expedientes siempre con absoluta normalidad según los informes que se iban emitiendo. Además, son dos instalaciones completamente distintas, cada una tiene su tramitación y a las dos se les ha requerido lo que era exigible legalmente”, declaró el letrado.  
Con esta larga comparecencia de Pensado Plágaro ante la jueza, finaliza la ronda de declaraciones de los nueve imputados del gobierno coristanqués que empezó en julio con el exedil Carlos Reino y siguieron con las de los actuales concejales Luis Souto y Emilio Fondo;  Fidel Cotelo y Mari Carmen Suárez (ediles en la pasada legislatura), la responsable de Cultura, Clarisa Couto, y el teniente de alcalde, Juan García Velo.
Ahora, apuntó Bértolo, seguirá el proceso “y aportaremos las pruebas exculpatorias que consideremos oportunas” siempre prestando la “máxima colaboración con su señoría y con la Fiscalía” .
Antonio Pensado deberá volver a la sede judicial carballesa el lunes para prestar declaración en el juzgado de instrucción número dos por la denuncia de acoso laboral presentada por la secretaria municipal.