Grumico ha presentado reclamaciones a atención al cliente de dos compañías de buses y ha acudido a la Dirección Xeral de Mobilidade, en varias ocasiones desde 2012 con la intención de que las adjudicatarias de las rutas interurbanas pongan a disposición de los usuarios autobuses accesibles. La respuesta, hasta la fecha, es siempre la misma: una declaración de buenas intenciones que se traduce en que una persona en silla de ruedas, después de dos años, sigue sin poder ir en bus a municipios de la comarca como Betanzos o Sada.
“Hay una ley, de 2007, que regula las condiciones de accesibilidad, desde entonces han tenido tiempo. Autos Calpita es ejemplar en esto, pero Autos Vázquez y Arriva, incumplen la ley de manera sistemática”, asegura Mónica Forteza, psicóloga y coordinadora del gabinete de accesibilidad de Grumico.
La situación que viven se resume en llamar, o acercarse a la estación de tren, y preguntar si hay bus adaptado para determinado lugar. La respuesta es sí, pero “hay que avisar con antelación para que quiten los asientos y así pueda ir una silla de ruedas”, explica Forteza. El hecho en sí, “es ilegal”, aclara, pero, aún poniendo en conocimiento de la empresa en cuestión que tal día quieren desplazarse a tal lugar, “no devuelven la llamada y al llegar el día, dicen que tienes que avisar con antelación para sacar los asientos”, lamenta.
Por ello, reprocha que estas concesionarias “priman la ganancia económica por encima del derecho de igualdad de oportunidades, y para estos casos está la ley que se aprobó”, hace ahora siete años, sentencia.

"Frustrante"
“Estamos desprotegidos”, lamenta Forteza, porque existe una ley “que establece unos plazos, un protocolo a seguir y unos órganos de vigilancia. Esperas ese tiempo, sigues el protocolo de reclamación y la inspección te acoge con el completo silencio... Se aprueban leyes que no se cumplen”, incide. Y, cuando presionan “dicen que aprobarán otras normas y no queremos una colección de leyes”.
Expone que en julio de 2012 presentaron su denuncia a la Dirección de Mobilidade y la contestación que les dieron fue sobre las “medidas de modernización del transporte público”, pero “nada sobre las posibles infracciones cometidas”.
“No entiendo cómo la consellería no hace nada”, se pregunta. A fin de cuentas, expone, es un “método de ahorro, porque si este servicio funcionase mejor, sería menos necesario el 065 y, por lo tanto, se reduciría la inversión en dependencia”.
De nuevo, en enero de este año iniciaron una vez más el periplo. De nuevo, escritos a la atención al cliente de Autocares Vázquez y Arriva, a Mobilidade y a Benestar. Ahora, han decidido acudir al Valedor do Pobo, el Defensor del Pueblo y a la Confederación Española de Personas con Discapacidad. El siguiente paso, apunta, será que “si sigue reinando el silencio”, su única alternativa es “acudir a la Fiscalía a título personal”. n