Como arduo defensor de la modernización del sistema judicial, Cadenas auspicia la implantación de la Nueva Oficina Judicial, como una de las claves. Por eso considera que la reforma de la justicia debe ir acompañada por una mayor inversión.

¿Considera que se margina a la justicia en la implantación de nuevas tecnologías con respecto a otras administraciones?

Desde siempre la Justicia ha trabajado con unas herramientas y unas infraestructuras que estaban detrás de las que disponían ya hace tiempo otras administraciones públicas. Modernizar la justicia exige invertir, porque sin medios no podemos hacer nada. Pero también se necesitan reformas legales y de ahí viene la pregunta de si es rentable invertir en justicia. Yo digo que no solo es rentable, sino que es una exigencia constitucional.

las razones que esgrime el estamento judicial contra la reforma del ministerio son muy valorables en galicia somos 300 jueces, cuando el propio consejo general admite que hacen falta unos 432 magistrados

¿Qué opina usted de las medidas de protesta que han emprendido jueces y fiscales?

Bueno, hay que tener en cuenta que los problemas no vienen solo motivados por los recortes en justicia, sino por las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial que afectan al Estatuto del Juez (permisos, sustituciones...). Lo que ya se ha podido conocer de la LOPJ ha provocado una confrontación total en el estamento judicial que ha esgrimido frente a ella razones muy valorables. Lo que me parece imprescindible es que la reforma esté en armonía con lo que es la potestad jurisdiccional y el papel de la justicia es un estado democrático y de derecho.

¿Cree que estas protestas acabarán en una huelga?

Lo de la autorregulación o huelga de celo es una responsabilidad de cada juez dentro de la ley. Ahora bien, si tienen o no derecho a la huelga, es una cuestión que para mí no está resuelta. Es una situación delicada, porque el juez es un poder del estado y las funciones importantísimas que tiene las veo difícilmente conjugables con el derecho a una huelga en las condiciones habituales en las que se ejerce.

¿Esto podría producir un \“colapso\” mayor en la Justicia, que es precisamente lo que denuncian los propios jueces?

Pueden provocar disfunciones, pero cuando se carece de medios o la infraestructura está muy anticuada se dan esos problemas.

¿Hacen falta más jueces?

En estos momentos somos 300 jueces en Galicia, cuando a principios de este año, el propio Consejo General de Poder Judicial consideraba necesarios unos 432 nuevos magistrados. La mayoría de lo social y de lo mercantil.

¿Se está notando el caso de las preferentes?

Las reclamaciones de este tipo no están provocando disfunciones en ningún órgano judicial, porque muchos de los asuntos se han derivado a arbitrajes. El asunto judicial más ilustrativo hoy por hoy en materia de preferentes es una demanda única que ha sido, en principio, rechazada y que está en fase de reclamaciones de la Audiencia Provincial. Otra cosa es que a corto plazo los afectados ejerciten sus acciones individualmente y en masa, entonces sería un verdadero problema. Pero eso habría que afrontarlo cuando se presente esa cuestión.

¿Y respecto a los ERE?

En A Coruña, en concreto, no están representando una especial carga de trabajo en los juzgados de lo mercantil. En el ámbito social, la impugnación de los expedientes de regulación de empleo se realiza en la sala de lo social del TSXG, que es de las que tiene más problemas, porque hay unos mil asuntos pendientes de los 6.000 que entran al año. De todas formas, a fecha de hoy, las demandas por despido colectivo han sido once en total y quedan cinco juicios pendientes.

Los juzgados también se están viendo desbordados por otros asuntos relacionados con la crisis, como los desahucios.

Hay que decir que la causa eficiente del problema hipotecario es metajurídica, porque estamos hablando de desempleo y por lo tanto de un problema socioeconómico. De momento, las soluciones al problema, por parte de los jueces pueden ser puntuales, cuando el caso concreto y la ley lo permite; como desahucios en los que se ha traído a colación el abuso de derecho, el fraude a la ley o el enriquecimiento injusto. Pero todo esto tiene que provenir de la ley y no elimina la responsabilidad patrimonial que tenemos todos los deudores. Y eso no lo dice solo la Ley Hipotecaria, sino el Código Civil.

¿Debería cambiarse la Ley Hipotecaria (de desahucios)?

Indudablemente, porque la cuestión en la actualidad ha cobrado una dimensión social que no tenía hace dos o tres años. Si se reforma la ley y se contempla con que la deuda quede saldada con la entrega de la vivienda –la dación en pago– los jueces podrán aplicarlo adecuadamente.

Otro asunto que están generando controversia es la imposición de tasas judiciales. ¿Cómo ve este asunto?

Hay que recordar que las tasas en Justicia se suprimieron en 1986 y en el año 2002 se restablecieron para personas jurídicas en algún aspecto civil. El proyecto que hay ahora pretende generalizar de nuevo la imposición de tasas para litigar en el ámbito penal. El problema es que si se da a las tasas un nivel cuantitativo excesivo, sobre todo en el contexto socioeconómico actual, para algunas personas puede suponer impedirle el acceso al propio proceso. Esto podría contravenir el derecho que tenemos todos a la tutela judicial efectiva, que es el derecho a reclamar judicialmente o el derecho de igualdad de partes y el principio de defensa.

Los colegios de abogados denuncian que habrá que abonar 200 euros para recurrir una multa de 100. ¿Es eso verdad?

De momento, no hay ningún criterio fijado porque la norma está en trámite. Pero, cualquiera que sea la decisión legislativa en materia de tasas, la cuantía no debe impedir el acceso de los ciudadanos a la justicia.