La semana pasada, el juzgado de instrucción número 8 de A Coruña admitió  a trámite la denuncia por prevaricación contra el capitán del Subsector de Tráfico en A Coruña, J.J.R.F, por haber cursado unas denuncias por exceso de velocidad emitidas por un operador de radar cuando éste ya no estaba en activo, en junio del año pasado. La asociación Unión de Guardias Civiles (UniónGC), que presentó la querella, espera que hasta 200 multas impuestas  puedan ser anuladas ahora sí el juzgado falla finamente a su favor.
Según había declarado en noviembre el presidente de esta asociación profesional, Manuel Mato, uno de los operadores de radar con base en el cuartel de Perillo había alcanzado la edad de la reserva ese mes. Al no estar oficialmente en activo, todas las denuncias que impuso no son válidas. Según Mato, sus superiores lo sabían, “pero decidieron seguir con los trámites porque 200 multas son mucho dinero”.
Según reza en la querella, el capitán tenía conocimiento de “una situación injusta y a todas luces ilegal” lo que infringiría el artículo 404 del Código Penal, que preve una pena de inhabilitación de siete a diez años para la autoridad o funcionario público que “a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria”.  Ya en su día, el general jefe de la Guardia Civil en Galicia, José María Feliz, negó que esto hubiera sido posible, simplemente porque no creía que alguien pudiera olvidarse de que se jubilaba: “Todo el mundo sabe cuándo pasa a la reserva porque sucede cuando llegas a cierta edad”, argumentó. Pero al parecer, eso fue lo que ocurrió exactamente según UniónGC, que descubrieron lo que ocurría porque “el agente solo se dio cuenta de que pasaba algo cuando vio que en la nómina cobraba mucho menos de lo normal y acudió a nosotros”.

custodia de pruebas
También contra el capitán del Subsector presentó UniónGC una querella criminal, por “infidelidad y custodia de documentos,” en referencia a otro suceso que sacó a la luz de la opinión pública el año pasado: Y es que, según el denunciante, hasta hace poco más de un año, las muestras de sangre de las pruebas de alcoholemia se guardaban en una nevera dentro del garaje, la misma nevera donde se guardaban los bocadillos de los agentes, sin ningún control de acceso que permitiera mantener la custodia de las pruebas, lo que podría haber provocado la nulidad de cerca de un millar de juicios.
Es ya la segunda denuncia por prevaricación que se ha admitido en lo que va de año contra cargos de Tráfico en A Coruña. a que ha presentado el colectivo del Instituto Armado contra cargos de Tráfico en la Provincia en el plazo de tres meses. En julio, la Asociación Mutua Motera (AMM) presentó otra contra Pedro Pastor del Castillo, que hasta junio ocupó el puesto de jefe provincial de Tráfico y coordinador de la DGT en Galicia. La entidad acusaba al ahora jefe provincial de Segovia de haber cometido, además, un delito contra la seguridad vial y otro de omisión del deber de perseguir delitos. El motivo de estas acusaciones es que el colectivo supo que Pastor había ignorado las denuncias impuestas por agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil por el mal estado de las carreteras coruñesas, tanto de las de titularidad pública como de concesionarias.
Es más: Pastor habría intentado que los guardias de Tráfico dejaran de imponer esas sanciones alegando ante los mandos de la Guardia Civil que “la obligación de mantenimiento de la vía no tiene reflejo en el procedimiento administrativo.