A Coruña es la ciudad gallega que recibe una subvención más elevada para el mantenimiento de su sistema de transporte público, según los datos que maneja la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC). En total,  son 5,7 euros por habitante, 1,5 por encima de Santiago (4,2) y casi dos más que Vigo (3,9). 
Este reparto, según la organización, genera desigualdad entre ciudadanos, más aún cuando el primer criterio de distribución es el déficit: “Cuanto más dinero pierda, más subvención recibe”, apuntan desde el consorcio con sede en Madrid. 
La ATUC indicó que el déficit pesa un 85% en el reparto, mientras que los otros tres criterios teóricamente más valorables  –la longitud de la red, la deuda por viajero y los criterios medioambientales– suponen solo un 5%.
En este contexto, aunque las competencias sobre el transporte público estén transferidas a las comunidades, la patronal consideró imprescindible la creación de una “ley paraguas” que establezca un marco regulador común “para que el Estado pueda garantizar a todos los españoles, vivan donde vivan, un servicio tan esencial como la salud o la educación”, añadió la ATUC. 

“Reparto Equitativo”
“No se trata de que haya una bajada en las ciudades que reciben ahora más subvención, ya que cuanto más grande sea la ciudad, más compleja es su realidad y mayores sus necesidades, sino de que el reparto sea más equitativo”, insistieron desde el colectivo, que aglutina empresas, públicas y privadas, de toda España.
La asociación entiende que la ausencia de legislación conlleva una “desorganización de recursos” ni indicaciones sobre qué parte de los costes deben soportar los usuarios, las corporaciones, comunidades y Estado.
Tanto es así, que las últimas medidas tarifarias de corte social implementadas en algunos ayuntamientos podrían recaer injustamente sobre los presupuestos de prestación del transporte público, ya que no está fijado por ley quién debe asumir esa pérdida de ingresos por menor venta de billetes, por lo que urge una ordenación de la financiación “con tres pilares fundamentales: reparto de costes, ampliación de fondos estatales gracias a la recaudación de ingresos tributarios específicos y asignación en base a criterios que incentiven el uso del transporte público”.