La maternidad de Beatriz Rodríguez Mendoza puede considerarse singular: su hija nació con una malformación congénita que le causó la amputación del antebrazo izquierdo, y lo hizo solo un día después de que el padre falleciera de forma repentina. Pero cuando esta treintañera de Cambre cuenta su historia desecha todo dramatismo y prefiere destacar lo que es común al resto de familias en situación similar a la suya porque, como destaca, la amputación de su niña, que hoy tiene 16 meses, es menos excepcional de lo que pueda parecer.
Y lo común, denuncia, es el recorte de asistencia sanitaria que están sufriendo, a raíz de una orden de la Xunta sobre prestación ortoprotésica del pasado 28 de mayo. En esa fecha, la administración autonómica declaró el departamento de Atención Temprana del complejo hospitalario de Santiago unidad de referencia para prestaciones ortopédicas infantiles de miembros superiores. Eso, en la práctica, significa que cuando la menor comience a utilizar una prótesis mioeléctrica –un dispositivo que se maneja mediante impulsos eléctricos– deberá desplazarse a Santiago, tanto para las pruebas como para la colocación y la adaptación, un proceso que ha dejado de realizarse, como hasta ahora se hacía, en el Materno Infantil de A Coruña y otros cinco centros sanitarios gallegos.
Los problemas de esta “centralización” son, para esta madre, numerosos: desde las dificultades y el gasto que supone el desplazamiento de una familia hasta Santiago varias veces por semana y durante un período indeterminado hasta el cambio de facultativos que, a sus ojos, puede ser perjudicial para unos pacientes que, por su edad, se sienten muy apegados a sus terapeutas y acusan todo lo que les aparte de la normalidad.

especializada
“No tiene sentido, porque las terapeutas del Materno están igual de especializadas que las de Santiago. También ellas están en contra de estos cambios”, asegura Rodríguez, una apreciación que comparten en la Asociación Nacional de Amputados de España, Andade. Su delegado en Galicia, José Cougil, confirma que la preparación de los profesionales del servicio coruñés de Atención Temprana es “al menos” tan buena como la de sus compañeros de Santiago. De hecho, su asociación no acepta la consideración de centro de referencia que el Gobierno gallego ha otorgado al complejo compostelano. “La Xunta ha nombrado unidad especializada la de Santiago, pero es mentira, no tiene ningún certificado de la Seguridad Social”, censura Cougil.
Aunque la Xunta no confirma el proceso centralizador para la asistencia a niños con esta clase de agenesias sí lo hacen algunos de los ortopedistas que trabajan en convenio con el Sergas, que indican que el pretexto es unificar el control de estos casos y desarrollar una terapia ocupacional específica que no existe a día de hoy en Galicia. “Y abaratar un poco los costes”, añaden.
El portavoz gallego de Andade tiene constancia de una veintena de casos de niños y adolescentes que podrían verse afectados por este recorte de las prestaciones sanitarias pero reconoce que, al estar diseminados por toda la comunidad, resulta difícil hacer un “frente común” en favor de sus derechos.
Aunque en ello está su asociación, que estos días trabaja en la elaboración de un documento de denuncia que se remitirá a Sanidade la próxima semana. Recoge el caso de tres menores ourensanos a los que, expone Cougil, la consellería está “poniendo trabas” para reembolsarles las prótesis que les fueron colocadas en Barcelona, después de haber sido derivados por la propia Xunta al hospital Sant Joan de Deu.

copago
El nombre de la directora de la unidad de atención al niño amputado del centro catalán, Marisa Cabrera, no es nuevo para Beatriz Rodríguez. Recuerda que hasta hace poco, los niños gallegos con la patología de su hija eran enviados a Barcelona para recibir sus prótesis mioeléctricas, si bien su reivindicación es menos ambiciosa, únicamente lograr que tanto su pequeña como el resto de menores en situación análoga puedan ser atendidos cerca de casa y sin tener que preocuparse de los gastos de su tratamiento. Un pulso, este último, que tampoco le será fácil librar, a la vista del nuevo catálogo ortoprotésico de la Xunta y los recortes que la asociación Andade ha denunciado ya, incluso con campañas de recogida de firmas.
Aunque la cuestión suscita posiciones encontradas, y hay empresas ortopédicas que aseguran que la nueva normativa del Sergas no supone gastos extra para el usuario, los afectados mantienen que el decreto sobre prestaciones ortopédicas aprobado hace cinco meses introduce el copago, dejando fuera de la cobertura aspectos como la alineación del dispositivo o forzando a algunos pacientes a adelantar su coste. “Es fatal, hay quien tiene que decidir si paga la comida, o paga la luz o paga el encaje de su prótesis”, ejemplifica Cougil, en referencia a los sistemas con las que los implantes se adosan al cuerpo del usuario.
No será hasta final de año cuando una comisión médica decida si es momento de que la hija de Beatriz Rodríguez comience a manejarse con una prótesis más compleja que la estética, pero en previsión de que el camino está lejos de ser sencillo ella avanza que dará la batalla contra el recorte de servicios públicos como la sanidad.