Varios hosteleros de la ciudad tendrán que acudir a declarar al juzgado de instrucción 6, en la investigación abierta por un delito de estafa y de favorecimiento de la inmigración ilegal que afecta a casi 200 ciudadanos procedentes de República Dominicana y que ha llevado a pasar por prisión a un matrimonio del que se sospecha es responsable de engañar a los inmigrantes. Existen indicios de que la pareja cobraba a sus víctimas a cambio de un contrato de trabajo en locales de A Coruña que después no se cumplía.

En cuanto a los empresarios coruñeses, al menos de tres de ellos han sido imputados por haber tenido en sus plantillas a víctimas de esta trama. El juez investiga si habían llegado a un acuerdo con un centro de enseñanza de Santo Domingo para que sus alumnos trabajaran en sus establecimientos con un contrato de prácticas. Se suponía que iba a durar un año, pero fueron despedidos mucho antes.

Los propietarios de esta escuela son los dos principales sospechosos, que fueron puestos en libertad bajo fianza este lunes, después de pasar casi tres semanas en la prisión de Teixeiro. La detención de la pareja se llevó a cabo a principios de este mes, en el transcurso de una operación en la que la Brigada Provincial de Extranjería de la Policía Nacional colaboró con sus homólogos de Madrid. También fue arrestado por lo menos uno de los propietarios de estos negocios pero fue puesto en libertad ese mismo día.

Centro de enseñanza > La denuncia que motivó las detenciones fue interpuesta por varios de los perjudicados desde el país caribeño hace ya casi cuatro años y comenzó a investigarse desde Madrid: primero se supo que la pareja imputada regentaba un centro de estudios de hostelería en Santo Domingo. Desde su escuela ofrecían una matrícula de 2.000 euros por la que los estudiantes obtenían comida, clases y pasajes de avión para viajar a España, donde aguardaba un contrato de prácticas por un año, con el que se ganaría experiencia laboral en calidad de pinches, ayudantes de cocina o limpiadores.

El hombre imputado es propietario de una asesoría, a través de la cual se gestionaban los contratos en prácticas con los negocios de hostelería de la ciudad de los alumnos del centro de formación. La investigación, llevada a cabo en paralelo desde España y República Dominicana, partió de las denuncias de los estudiantes, que reclamaban recuperar el coste de la matrícula después de que estos fueran despedidos de sus trabajos por un rendimiento deficiente. El juez tiene indicios de que todos ellos habían abonado 2.000 euros por el billete y el contrato y ahora intenta determinar si los hosteleros y empresarios locales estaban al tanto de la trama y sacaban algún beneficio de aceptar en su plantilla a los estudiantes en prácticas.

Por el momento hay varios imputados, entre ellos los propietarios de al menos dos locales de hostelería y el gerente de una cadena hotelera con presencia en España, Portugal y Brasil. En principio, el resto de hosteleros que podrían ser llamados ante el juez comparecerán en calidad de testigos.