Los funcionarios de los seis juzgados de lo Penal denuncian que necesitan por lo menos una persona más en cada juzgado para poder ponerse al día ante tanto trabajo acumulado. Y advierten del riesgo de que las ejecuciones de sentencias prescriban por la incapacidad de finalizar los trámites antes de que se acabe el plazo previsto. A falta de unos días para acabar el año, entre seis juzgados están repartidos 1.955 asuntos y 1.011 ejecuciones, que se añaden a las pendientes.
Aunque los casos más graves los atiende la Audiencia Provincial. “Pero los juzgados de lo penal atienden casos de penas de hasta cinco años de cárceles. Hablamos de maltratos, agresiones, robos...”, señalan desde el sindicato SPJ-USO, mayoritario en A Coruña. Las ejecuciones no solo conllevan la orden de que una persona ingrese en prisión, sino asuntos como embargos, retiradas de carnés, permisos de armas, trabajos comunitarios y controles de órdenes de alejamiento, por ejemplo.
La junta sectorial de jueces de lo Penal ya había exigido en mayo “la necesaria ampliación del personal integrante d estas unidades judiciales”, en una resolución avalada por acuerdo en la sala de gobierno del Tribunal Superior de Xustiza. Sin embargo, denuncian que, a punto de terminar el año, no se ha dado ninguna respuesta. Los funcionarios describen como “agonizante”, la situación provocada por la falta de personal y la insuficiente formación del mismo, lo que hace difícil tramitar las sentencias al mismo ritmo que se emiten.

un problema antiguo
No es que sea un problema nuevo. Ya desde 1998 los magistrados viene reclamando al Consejo General del Poder Judicial, a creación de una unidad de apoyo. En ese momento, los magistrados de esta jurisdicción constataron la necesidad de abordar un plan que calificaron “de emergencia” para paliar la situación, por lo que reclamaron la creación de un juzgado de lo Penal itinerante de refuerzo para las tres unidades que existían en ese momento.
Y este año, la junta sectorial de lo Penal propuso la “necesaria ampliación del personal integrante de estas unidades judiciales”. Los magistrados y letrados están esforzándose por enjuiciar tantos asustos como sea posible antes de que prescriban, pero ese número tan grande de vistas orales es lo que está incrementando el número de sentencias que hay que tramitar. “Solo tenemos un funcionario por juzgado. Dirán que hay ocho, pero esos dos son agentes judiciales que no se encargan del papeleo”, señalan desde SPJ-USO.