La Asociación Mutua Motera (AMM) presentará hoy en el juzgado de guardia una denuncia por prevaricación contra Pedro Pastor del Castillo, que hasta el viernes 28 era el jefe provincial de Tráfico y coordinador de la DGT en Galicia. La entidad acusa al ahora jefe provincial de Segovia de haber cometido, además, un delito contra la seguridad vial y otro de omisión del deber de perseguir delitos. El motivo de estas acusaciones es que el colectivo ha sabido que Pastor había ignorado las denuncias impuestas por agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil por el mal estado de las carreteras coruñesas, tanto de las de titularidad pública como de las de empresas concesionarias.
Es más: Pastor habría intentado que los guardias de Tráfico dejaran de imponer esas sanciones alegando ante los mandos de la Guardia Civil que “la obligación de mantenimiento de la vía no tiene reflejo en el procedimiento administrativo sancionador en materia de tráfico” y señala que el procedimiento a seguir es informar a Jefatura. Ésta, a su vez, tendría que alertar al titular de la vía de la deficiencia para que la arregle.
El colectivo motero señala que alguna de estas deficiencias incluían barreras de contención sueltas que sobresalían hacia la calzada, falta de señalización o de indicativos reglamentarios en las obras, o que estas obras se hubieran realizado sin que constara la autorización.
También se incluye el asfalto en mal estado, algo especialmente peligroso para los usuarios que se desplazan en motocicleta por la falta de adherencia que provoca. Otras negligencias que denuncian los agentes fueron la invasión de los carriles por la maleza, que llegaba a cubrir las señales.

expediente disciplinario
El resultado de su labor fue que a uno de ellos se le ha abierto un expediente disciplinario, lo que ha causado indignación en la AMM  que asegura que Pastor se ha valido de su cargo para abrir el procedimiento e impedir que los agentes lleven a cabo su labor y que ha impedido la tramitación de las multas que ya se habían expedido alegando “deficiente argumentación”, lo que ha librado a varias empresas, como la concesionaria de la AP-9, de pagar multas de 3.00 euros.
“Se trata de un responsable público, la autoridad de Tráfico en la zona que, teniendo conocimiento de riesgos graves para la seguridad de los ciudadanos, se niega a tramitar su subsanación”, alega el colectivo motero.
En ese sentido, durante el proceso disciplinario que se le abrió al agente de Instituto Armado, el propio Pastor alegó que no había transmitido a los responsables de las vías las deficiencias que habían advertido los agentes, pero lo achacó  a que el guardia civil no le había transmitido ningún informe. Pero la Mutua Motera insiste en que una denuncia es, de hecho, un informe, y se pregunta  por qué motivo haría algo así un cargo público cuyo cometido es velar por la seguridad del tráfico. “Lo que hizo Pastor fue arbitrario e ilegal, porque no tenía derecho a decidir sobre esas multas”, recalcan.