Si, como se baraja, la reforma de la ley que rige los Registros Civiles entra en vigor en 2015 y deja en manos de los registradores de la propiedad y los notarios estas funciones, las dependencias de la plaza de Vigo, cuya reforma costó 1,3 millones de euros, habrán tenido una vida útil de un lustro.
La “dilapidación” que supone, a ojos de los sindicatos de la administración de justicia, invertir fondos públicos para entregarlos después a un cuerpo privado es solo uno de los argumentos que manejan para rechazar el anteproyecto de ley.
La plataforma que a nivel local aúna a todas las centrales sindicales con representación en este ámbito trasladó ayer este y otros argumentos a la puerta misma del Registro coruñés, donde un centenar de trabajadores protestaron contra el proyecto de reforma, que, entienden, supone la privatización de este órgano. “El Registro funciona muy bien, y cuenta con la garantía de ser un servicio público. Los notarios buscarán el beneficio económico”, alerta Jorge Suárez, delegado de CCOO.

Un centenar de trabajadores se manifestó en favor del servicio público

Esa misma tesis se escuchó ayer en la playa de Vigo, de boca de la funcionaria encargada de leer un manifiesto contra la “deriva privatizadora do Estado”: “Estamos en contra da entrega do servizo aos rexistradores da propiedade e notarios, que xestionan as súas competencias en termos de rendibilidade e non de utilidade social”.
Para los sindicatos, ese traspaso de competencias que estudia el Gobierno supone que el ciudadano, en la práctica, va a asumir un “repago” judicial por las certificaciones y el resto de trámites que hasta ahora se gestionan en el Registro Civil. “Non é que fóra gratuíto, é que estaba sufragado polos orzamentos públicos aos que contribuímos todos cos nosos impostos”, censura el manifiesto en favor del servicio “público, universal e gratuito”.

beneficios
Porque, de concretarse la mercantilización del Registro Civil, ello va a suponer que gestiones hasta ahora gratuitas pasarán a tener costes. “Los notarios ya hablan de 90 euros por boda”, comentan desde CCOO, donde calculan que los beneficios que se obtendrán solo con las certificaciones ya rondarán el millón de euros anuales. En A Coruña, el órgano que las expide mueve al mes una media cercana a las 4.000, pero a ellas habrá que añadir otro tipo de trámites que podrían empezar a gravarse.  
Además de estos perjuicios a la ciudadanía, los representantes de los trabajadores miran también a la plantilla del Registro coruñés, que componen 17 funcionarios que podrían ser trasladados a cualquier otro servicio, a pesar de la experiencia y especialización. Si a ellos se suman los que trabajan en la comarca, los afectados ascienden a unos 50. n