Llevan años realizando su trabajo pero a ninguno se le pasó por la cabeza el hecho de tener que velar por la seguridad de los Rubens y los Colmeiros colgados de las paredes del museo de Belas Artes sin recibir ninguna compensación económica a cambio. Los seis vigilantes encargados de la seguridad del museo llevan seis meses sin cobrar y otros trece advirtiendo a la Xunta del problema con misivas de las que no han recibido respuesta.

Sin embargo, no son los únicos afectados. A los seis del centro museístico de Zalaeta se suman otros doce repartidos entre las bibliotecas González Garcés y Ánxel Casal, así como el Museo de las Peregrinaciones. Los 18 están contratados por la empresa Esabe que, en la actualidad, tiene diligencias de embargo por la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

Si bien desde la Xunta aseguran que los pagos se están realizando con normalidad y que la Ley Xeral Tributaria no les permite efectuar el ingreso directamente a los vigilantes, los afectados tachan a la Consellería de Cultura de ser responsables subsidiarios del conflicto por estar al corriente de la situación y no hacer nada para resolverla.

Después de presentar varias denuncias en la Inspección de Trabajo y el Juzgado y de ganar distintas sentencias, lo siguiente pasará por querellarse contra el Gobierno autonómico. A estas alturas del año, dicen los trabajadores, el concurso convocado por la Xunta en enero para contratar los servicios de seguridad del edificio tendría que estar resuelto. Sin embargo, la administración lo declaraba desierto en mayo, cinco meses más tarde, alegando que la única propuesta fue la de Esabe en solitario y que le requirieron cierta documentación que la firma no llegó a presentar, según afirma el colectivo.

El proceso se encuentra ahora paralizado a la espera de que se decidan por la mejor oferta. Entre medias, el cuerpo de seguridad ha intentado reunirse con el secretario xeral de Cultura, Jesus Oitavén, y el conselleiro de Cultura, Jesús Vázquez, en tres ocasiones y han remitido toda la información acerca de los pasos que ha dado Esabe en este tiempo. Documentación suficiente, dicen los agentes, como para rescindir el contrato a la empresa.

En la actualidad, la deuda está cifrada en cerca de 11.000 euros o, lo que es lo mismo, medio año trabajado. Tiempo en el que muchos han tenido que renunciar a alquileres para volver a casa de sus padres con un niño en el carrito y otros han tenido que optar por llegar andando hasta Zalaeta. Eso en el mejor de los casos, señalan, porque la mayoría no puede hacer frente ya a las facturas de la luz y del agua, del piso y del coche. Están embargados pero explican que abandonar supondría renunciar a sus derechos y fuera, el mercado laboral no ofrece alternativas mejores.

Tanto la Agasep (Asociación Galega de Traballadores da Seguridade Privada) como los cuatro sindicatos están implicados en el problema. De no contar con un compromiso de la Xunta, el próximo paso, dicen, será llamar a la puerta del Ministerio de Cultura, propietario del museo, para “que nos escuchen” o dejar el propio centro sin vigilancia. n