La denuncia presentada por el Ayuntamiento ante el Tribunal de Cuentas contra Francisco Vázquez por el caso Someso ha sido, dice el alcalde, Carlos Negreira, para defender los intereses ciudadanos de los coruñeses. Así lo expresaba ayer, después de que se conociera la noticia de que los servicios jurídicos del Ayuntamiento habían decidido presentar esta demanda, cuyo plazo se acaba mañana.
Para el regidor coruñés, la decisión se ha tomado cuando este equipo municipal ha considerado “oportuno” y respetando el tiempo que se tenía para ello. Sin embargo, la querella llega después de que el tribunal hubiera admitido otra, presentada por el BNG, en esta misma línea. “El objetivo es esclarecer los hechos y que los coruñeses no sufran las penalizaciones por las acciones que han hecho otros gobiernos”, apuntaba ayer Negreira.

Demanda
La demanda presentada ahora por el Ayuntamiento va dirigida contra el exalcalde Francisco Vázquez y lo seis concejales de la junta de gobierno que votaron a favor de dar luz verde al polígono residencial de Someso.
El Ayuntamiento apunta ahora que el procedimiento para la consecución de las parcelas y el proceso de expropiación de las mismas se hizo con el conocimiento del entonces alcalde.
Según el informe emitido por los técnicos municipales, antes de haber presentado esta nueva demanda, las arcas públicos habrían perdido más de 20 millones de euros por daños patrimoniales y casi 23 millones más en indemnizaciones a los propietarios de las parcelas que fueron expropiados
La última vez que el asunto del polígono residencial de Someso se trató el en el pleno municipal fue en la sesión de pasado mes de febrero, cuando el grupo municipal nacionalista preguntó al gobierno local si pensaba revisar los convenios firmados en la época socialista de Vázquez en esta zona.
En aquella ocasión, el portavoz del gobierno local, Julio Flores, evitó una respuesta directa, como le demandaba el portavoz del Bloque, Xosé Manuel Carril, que le pedía “un sí ou un non”, y se limitó a recordar que no se incurría en ninguna de las causas tasadas en le ley de régimen jurídico de las administraciones públicas para revisar de oficio estos acuerdos.