La Concejalía de Servicios Sociales estudia la posibilidad de ampliar sus becas de comedor en los centros educativos a todo el ciclo formativo incluido Bachillerato, que actualmente está fuera de estas aportaciones económicas. El edil Miguel Lorenzo explicaba que el programa, que subvenciona la comida a niños hasta los 16 años, funciona correctamente y cubre todas las solicitudes presentadas hasta el momento: \“No tiene lista de espera\”, afirmaba Lorenzo.

La idea sería incrementar las ayudas a los institutos, en los que todavía no se aplican, para facilitar el día a día a las familias coruñesas más necesitadas.

De confirmarse la ampliación de los límites de edad, los demandantes deberán cumplir los mismo requisitos que exige el Ayuntamiento a los estudiantes de ESO. Para ello, tendrán que estar matriculados en centros públicos y concertados y responder a una serie de premisas establecidas en función de los ingresos familiares. Lorenzo admitía que su intención pasa ahora por aumentar las partidas presupuestarias para que más chavales se puedan beneficiar del programa.

Por otra parte, el concejal defendía la fórmula del copago en materia educativa aprobada recientemente por la Xunta y que tanta polémica está suscitando entre los diferentes sectores. En este sentido, decía que se trata de una medida necesaria, que implica la participación de todos con el fin de favorecer a las personas que no reúnen rentas suficientes como para costear el comedor de sus hijos.

El edil lo definió como un \“gesto solidario\” llevado a cabo por parte de los núcleos familiares con más recursos para que \“les salga gratuito a los que no tengan nada o poco\”. Para el responsable del área de Servicios Sociales, esta implantación solo afectará a los gallegos con ingresos suficientes como para pagar por ciertos servicios.

Por otro lado, Lorenzo aseguró que la próxima semana las diez familias beneficiarias del programa de alquiler del Ayuntamiento recibirán los retrasos acumulados –de hasta tres meses– y justificó que el retardo se debe al procedimiento administrativo y la ausencia de documentos exigidos en las solicitudes.