Más de tres millones de personas corren el riesgo de dejar de ser atendidas por los servicios sociales de sus ayuntamientos como consecuencia de la entrada en vigor de la Reforma local llevada a cabo por el Gobierno, según cálculos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Además, la mitad de los 5.618,56 millones (el 9 % de su gasto total) que los ayuntamientos dedican a los servicios sociales (según datos de 2012) también podría verse afectada por la nueva ley.

Los servicios más amenazados son los de atención a la dependencia y los de promoción social (que dejan de considerarse competencias propias de los municipios) y a los que destinan 2.348,5 millones anuales, así como el gasto que realizan los municipios con menos de 20.000 habitantes (993,4 millones), partidas que suman 3.342 millones.

Estas son las principales conclusiones del documento "Contenidos de la competencia municipal en servicios sociales tras la aprobación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local", elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y presentado hoy.

El informe analiza de forma detallada y con datos del Ministerio de Hacienda el efecto que la reforma local tendrá en las entidades locales y las comunidades autónomas a la hora de fijar los servicios sociales que deberán prestar, un proceso que debe concluir a finales de 2015.

La competencia local, tal y como estable la citada Ley incluye todos los servicios sociales de proximidad, es decir, los que se deben prestar en el propio domicilio o en el entorno de convivencia.

Es así, por tanto, responsabilidad de los ayuntamientos los servicios de información, evaluación, asesoramiento y orientación, las intervenciones profesionales en el domicilio o en el entorno vecinal, las ayudas económicas de urgente necesidad a personas y familias y la ayuda a domicilio para situaciones que no estén atendidas en el Sistema de Atención a la Dependencia.

Tendrán que gestionar también los servicios de alojamiento y atención a personas sin hogar y para personas y familias en situaciones de emergencia, así como otros servicios materiales para atender necesidades de subsistencia (comedores, roperos, servicios de higiene...).

También deberán gestionar los servicios domiciliarios del Sistema de Atención a la Dependencia, y los de promoción social (centros de convivencia de personas mayores, de promoción de la mujer o de la infancia).

Según el informe, de 2010 a 2012 el gasto local en servicios sociales se redujo en 1.100 millones (17,8 %).

El mayor recorte se produjo en subvenciones a entidades y prestaciones económicas a personas y familias, con 501 millones menos y al gasto de personal propio (300 millones).

Los directores de Servicios Sociales explican que un 45 % del gasto local en servicios sociales se destina a servicios básicos para personas y familias, un 28,5 % a atención a la dependencia, un 13,3 % a administración general y un 9,9 % a promoción social de diversos colectivos (mayores, mujeres, infancia o inmigrantes).

Aclaran, además, que el 71,5 % del gasto local (4.089 millones de euros) es esfuerzo propio de los ayuntamientos, mientras que un 22,7 % es financiación de las Comunidades Autónomas, y un 5,8 % procede de tasas y precios públicos que pagan los usuarios.

En el informe también se recuerda que los ayuntamientos atendieron en 2011 a casi siete millones de personas (de las que más de la mitad perdería la asistencia con la Reforma); gestionan 562 residencias de mayores, con 30.000 plazas, y 2.718 viviendas tuteladas para mayores, y ofrecen ayuda domiciliaria a más de un millón de personas.

Además, los servicios que la reforma considera "impropios" de los municipios y que éstos dejarán de prestar ponen en riesgo el empleo de 60.000 personas.

Tras analizar la legislación (leyes autonómicas de servicios sociales), los acuerdos institucionales (Plan Concertado y Plan Nacional de Inclusión), el consenso profesional y los datos de Hacienda, el informe concluye que el "ahorro" de 2.602 millones anunciado por la supresión de servicios en los ayuntamientos y de 473 millones por el traspaso de competencias sanitarias, educativas y de servicios sociales, se refiere a servicios sociales.

Además, los gerentes consideran "imposible" conocer el coste de trasladar a otras administraciones los servicios que la nueva ley considera "impropios" de los ayuntamientos, y tildan de "inaceptable socialmente" y "financieramente imposible" el ahorro propuesto.