La reforma de los servicios profesionales podría traer consigo el fin de la colegiación obligatoria para ejercer una profesión. El diario “Cinco Días”, informó en su edición digital de que la idea que barajan los técnicos que trabajan en el texto legal es la de suprimir la inscripción obligatoria en los colegios para ejercer una profesión, que se conservaría por el momento para los médicos que no trabajen en la Seguridad Social, los abogados en ejercicio y quizás, los arquitectos, como propuso el anterior Gobierno socialista de Zapatero.

La posibilidad de que esto ocurra preocupa a los demás colegios, por esto, Industria ofreció a los ingenieros para que enviaran sus propuestas respecto a la colegiación obligatoria y las reservas de actividad. Con estos informes en la mano, el equipo económico del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, preparó su plan estratégico de política económica.

reservas de actividad

Esta hoja de ruta se desarrollará durante el primer semestre de 2013 e incluye el envío al Parlamento de un proyecto de Ley de Servicios Profesionales. Uno de los puntos conflictivos de esta norma son las reservas de actividad, que son aquellas parcelas laborales que solo pueden ocupar los profesionales con una determinada titulación. Estas parecen evidentes para médicos, abogados y arquitectos, pero sus límites son más difusos en los casos de las ingenierías.

La ley de servicios resta atribuciones a
los organismos por su complejidad

La medida, incluida entre las 19 propuestas estructurales que se publicaron en el Boletín Oficial del Estado a mediados de julio, persigue mejorar la competitividad del mercado español mediante “la eliminación de las barreras injustificadas y desproporcionadas que generan estos servicios”, tal y como puede leerse en el argumentario. Además, el Ejecutivo esgrime que existe un complejo entramado de órganos y que cada uno de ellos tiene sus respectivas estructuras.

Los estudios de la Comisión Nacional de la Competencia no deja en muy buen lugar a estas organizaciones. Este organismo aboga por una mayor liberalización en el sector, algo que contrasta con el ordenamiento que aprobó Italia en agosto y que revolucionó el sector. Entre sus novedades se encuentra la creación de un registro único y nacional de todo tipo de profesionales que deberá estar constituido con los datos que ofrezcan los consejos profesionales acerca de sus colegiados.

Se impone, también, la obligación de contratar un seguro –en España no todas las profesiones lo tienen–, y modificar el control de las sanciones. A partir de ahora en Italia, quienes lleven la investigación de una infracción no podrán ser los mismos que impongan la sanción al colegiado. En España apenas existen instituciones colegiales que tengan divididas estas funciones, y menos que den entrada a órganos consultores externos, como hace la norma italiana.

El funcionamiento de muchos colegios profesionales se basa en parámetros del siglo XIX, que poco tienen que ver con los que imperan hoy en día, e imponen barreras de entrada para seguir manteniendo su estatus. Uno de los casos más sonados en el sector fue el de los procuradores, quienes imponían cuotas de entrada de 6.000 euros, ahora reducidas a 500 euros.

Tras la Ley Ómnibus de 2009, los colegios pisaron el acelerador en precios y hoy el coste de pertenecer a un colegio al año no es excesivo. Los farmacéuticos madrileños pagan 284 euros, los ingenieros técnicos, 100 euros, y de media de todas las profesiones la cifra ronda los 15 euros.