La Asociación de Internautas impugnó ante el Tribunal Supremo la disposición final de la Ley de Economía Sostenible, conocida como ley Sinde, en una iniciativa en la que solicita su suspensión cautelar de la norma que permite el cierre administrativo de páginas web.

Además, la organización hizo un llamamiento a las comunidades virtuales para que suscriban esta demanda y solicita “solidaridad económica” para sufragar los gastos que este proceso legal conllevará.

Un comunicado remitido por esta asociación informa de que con esta iniciativa se trata de recoger “las protestas” de la red y de la calle. Los comentarios surgidos desde que se aprobó la norma llevaron a impugnar este Reglamento que desarrolla las funciones de la Comisión de Propiedad Intelectual por considerar que atribuye a un órgano administrativo “competencias asignadas a los jueces por Ley”.

En su opinión, este reglamento establece, además, “infracciones difusas” y, sanciones “sin la habilitación legal precisa”, lo que crea una “notable inseguridad jurídica que pone en peligro los derechos fundamentales de los ciudadanos”, en concreto, puntualizan, la libertad de expresión y la libertad de información que garantiza el artículo 20 de la Constitución Española

Fuera de los límites > La Asociación de Internautas afirma que aunque la ley Sinde modificaba sustancialmente leyes como la de Comercio Electrónico, la de Propiedad Intelectual o la de la Jurisdicción Contenciosa, al desarrollarlas, el Reglamento “contradice” sentencias del Tribunal Supremo y el Constitucional “que interpretan los límites que ha de tener en su alcance una norma de este tipo”.

Así, por las “graves consecuencias” que para los derechos fundamentales puede tener la puesta en marcha de una “comisión de censura en estas condiciones, sin que sus límites estén perfectamente definidos”, la asociación considera imprescindible suspender la puesta en práctica de la norma aprobada por el Gobierno el pasado 30 de diciembre “hasta que exista una opinión judicial que la avale”.

Este colectivo ofrece su iniciativa ante el Tribunal Supremo a organizaciones, comunidades virtuales, sitios web y personas físicas “que compartan y quieran respaldar esta petición”, y les invita a suscribir un apoyo expreso “para impedir que esta Ley liberticida prospere”.