En A Coruña hay más de 38.000 mascotas en riesgo por la nueva ley del medicamento. Retrasos en los tratamientos, mayores costes económicos, pruebas obligatorias y sanciones millonarias atan las manos de los veterinarios, que ya se han puesto en pie de guerra y este domingo se concentrarán en el Obelisco para reclamar una modificación de la nueva normativa.  

El Real Decreto 666/2023, que preocupa tanto a profesionales como a dueños de animales de compañía, ha entrado en vigor el 1 de enero de 2025 y forma parte de un plan nacional para reducir la resistencia a los antibióticos. 

El cambio más alarmante que establece es una especie de “orden de uso” de los medicamentos, de menor a mayor efectividad. “Nos obligan a utilizar primero unos antibióticos con más riesgo de una no eficacia y que en algunos casos, por experiencia previa y por la evidencia científica, ya sabemos que no funcionan. Y, para pasar al siguiente grupo, hay que hacer una serie de pruebas de sensibilidad, los antibiogramas. Eso va retrasando el inicio de la eficacia del medicamento”, argumenta Javier Balado, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de A Coruña.

Atención inmediata

Según él, “hay casos que no pueden esperar”. “Si es una situación de urgencia, no podemos empezar con un antibiótico a riesgo de que no funcione y, a veces, no hay 24 o 48 horas para finalmente dar el medicamento que nosotros ya sabemos que funciona”, explica.

Aunque se supone que la ley tiene previstas las urgencias, Balado asegura es “insuficiente” y que hay casos en los que se ven “forzados a incumplir la norma”. No sin riesgo, pues la ley establece multas que pueden ascender a 1.200.000 euros.  

“No se está respetando nuestro criterio de prescripción”, denuncia el veterinario, que pone el foco en que el reglamento europeo pide “controlar el uso”. “Nosotros podemos saber el antibiótico que usamos, pero el que prescribimos, cuando el cliente sale por la puerta, no sabemos realmente si algún día va a ser utilizado o si el medicamento va a ser sustituido en el punto de dispensación”, explica.

Aunque lo primero es la salud del animal, esta nueva ley también trae consecuencias económicas para los dueños de los animales. Más medicamentos hasta dar con el eficaz supone mayor coste para los bolsillos, a lo que habría que sumarle las pruebas adicionales a las que ahora obliga la normativa. “Los antibiogramas hay que repercutírselos al propietario”, asegura Balado. 

El presidente de los veterinarios recalca que el sector está “comprometido” y lleva años colaborando en la lucha contra la resistencia a los antibióticos, algo que ve “una obligación”, pero alerta de que esta nueva norma supone un riesgo. “Es darle vueltas a algo que ya sabemos que no funciona”, zanja.