11º-18º
viernes | 27 septiembre | 2024
“Es un día alegre, aunque solo sea porque mi familia está feliz”. Así comentaba José Nogueira la noticia de que se había archivado la causa que pesaba sobre él por el caso ‘Pikachu’ una pieza separada del caso ‘Pokemon’. Han sido casi diez años durante los que el concejal socialista, que ocupó varios cargos durante la etapa de Francisco Vázquez y Javier Losada, ha estado bajo sospecha. “Como imputado, no pude presentarme a las elecciones de 2015, y tuve que jubilarme anticipadamente”, recordó.
Nogueira, que expresó repetidamente la escasa estima que sentía por la jueza instructora, Pilar de Lara, señala que “esto no tiene marcha atrás, no se puede hacer como si no pasara nada. No existe la moviola”. Y anunció que “vamos a pedir daños y perjuicios porque me ha costado más de diez mil euros las costas legales”.
En el auto, firmada por la magistrada Natalia Paz, del Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña, se entiende que no existen indicios que sean constitutivos de infracción penal y que, incluso si existieran estos habrían prescrito en el momento actual. Esta decisión no solo afecta a Nogueira, sino también a Eduardo Aceña, José María Tutor, Dulce María Rodríguez, Gloria María Díaz, Gervasio Rolando Rodríguez, María Isabel Carrasco y Susana Martínez.
En realidad, la jueza de Lara en las más de 30 piezas de las que se compone el caso ‘Pokemon’ ha llegado a imputar 200 personas. “En esa época, estar imputado era sinónimo de culpable”, recuerda Nogueira, que tuvo que soportar la presión mediática que se centraba en los casos de corrupción.
En su caso, la investigación de Vigilancia Aduanera se centraba en la concesión de gestión del centro cultural Ágora. En un informe, señalaban que Nogueira, en connivencia con dos funcionarios, había modificado el pliego técnico del contrato para favorecer a la empresa. Nogueira pidió que se tomara declaración a los funcionarios, que negaron conocerle personalmente o haber hablado con él.
“Entonces Vigilancia Aduanera cambio el informe y dijo que había sido el pliego económico, y no el técnico, el que había alterado, y que había hablado con otros dos funcionarios”, recuerda el interesado. Cuando se les tomó la declaración como testigos, también negaron ninguna relación con Nogueira, pero De Lara siguió dando más valor al informe de Vigilancia Aduanera a pesar de no poder señalar ninguna anomalía en el pliego, que era un modelo estándar en el Ayuntamiento.
Concretamente, los contratos bajo sospecha eran los de servicios de limpieza, vigilancia y mantenimiento del Ágora. Señala en el auto que las dos irregularidades alegadas no alcanzan “relevancia penal” y que además, fue una mesa de contratación y no el propio Nogueira, quien adjudicó el contrato.
Tampoco encuentra suficientes evidencias de tráfico de influencias, aunque fuera verdad que existía una “familiaridad inadecuada” entre la jefa de Cultura, Susana Martínez y el presidente de la empresa Vendex, José María Tutor, pero aquella no tenía poder para influir sobre la mesa de contratación. Para la jueza no queda más camino que el sobreseimiento que tanto se ha hecho esperar. “Lo peor que si consigo una indemnización, serán los contribuyentes lo que paguen. Ella no pagará nada”, lamentó.
