La seguridad ciudadana es el motivo por el que se sanciona a los infractores: reducir el número de accidentes, y hacer de las calles coruñesas un lugar más cívico, por donde los peatones y otros conductores puedan circular con tranquilidad. Pero, para conseguirlo, es imprescindible multar, lo que genera ingresos para las arcas municipales, de ahí que a menudo, los menos concienciados hablen de “afán recaudatorio”. Este año, por ejemplo, el Ayuntamiento espera recaudar siete millones de euros por este medio.

Sea una cifra realista, o un método como cualquier otro para cuadrar las cuentas de lo que el Gobierno de Inés Rey les gusta llamar “unos presupuestos expansivos” (de hecho, los más altos de la historia), el caso es que alcanzar esa cifra supondría casi doblar lo recaudado en 2022. Según la liquidación de cuentas, fueron 3,8 millones de euros. La cifra es ligeramente superior a 2021, cuando se recaudaron 3,62 millones de euros por este medio. Sin embargo, hay que hacer notar que en los presupuestos siempre se estima una cifra mucho más elevada de la que logra recaudar. 

Incremento anual 

En los últimos años, sin embargo, el número de sanciones ha crecido gracias a la instalación de dispositivos telemáticos Sobre todo, las cámaras que vigilan los accesos a la avenida de Montoto, en La Marina, pero también las que se encuentran en las calles como Juan Flórez, designadas como Vía Prioritaria Vigilada (VPV) y que activó el Gobierno de Inés Rey a comienzos de su mandato. 

El récord de sanciones de tráfico impuestas en un año por la Policía Local lo ostenta el fatídico  año 2017, en el que fueron  más de 70.000 las multas, sobre todo por la puesta en marcha de las cámaras de La Marina, que a día de hoy siguen funcionando. Pero en  2018, con 49.791 infracciones, solo se recaudaron 4,76 millones de euros, de ahí que se rebajan las expectativas  para las arcas municipales A día de hoy, las cámaras de La Marina apenas han bajado su número de sanciones y cada día  unos 40 infractores ignoran la señal que indica que solo pueden  circular por la avenida de Montoto el transporte público y vehículos autorizados. En comparación,  se estima que las cámaras de la Vía Prioritaria Vigilada (VPV) detectan una media de diez infracciones al día.

En 2022, último ejercicio del que se tienen datos oficiales, se tramitaron más de 53.000 multas,  el mayor número en cinco años. Es de esperar que aumente aún más si en marzo se activan dos nuevos radares. 

Tramitación irregular 

Por otro lado, el Ayuntamiento lleva años cobrando las multas de una forma ilegal o, por lo menos, irregular, a través de la empresa municipal Emvsa (Empresa Municipal de Vivienda, Servicios y Actividades). Sancionar es una actividad que la Administración pública no puede delegar, ni siquiera en una empresa pública. El dictamen de la Valedora do Pobo, emitido el año pasado no deja lugar a dudas. Se remitió una resolución al Ayuntamiento después de recibir la queja de una persona que ponía en cuestión la tramitación realizada de su expediente. No solo por errores en el documento, sino porque no la había hecho directamente el propio Ayuntamiento.  

Este respondió reconociendo dichos errores y señalaba que había procedido a la anulación de la sanción iniciando un expediente  de devolución. No solo eso, desde María Pita aseguraron que estaban “evaluando propuestas de organización del servicio”, A día de hoy, no se ha notificado ningún cambio en el sistema.