El Gobierno popular de Carlos Negreira encomendó en 2013 a Emvsa (Empresa Municipal de Vivienda, Servicios y Actividades) la gestión y cobro de las multas de tráfico en el periodo voluntario. Una década después, y tras el informe de la Valedora do Pobo en el que se advirtió de que “técnicamente” no es legal que Emvsa tramite las multas, el Gobierno de Inés Rey comunicará de forma inminente el fin de esta encomienda.

El sistema que pusieron en marcha los populares se mantuvo en el tiempo hasta ahora, cuando la gestión pasará a tramitarse directamente por el Ayuntamiento. Para ello, indican fuentes municipales, se reforzará el servicio de multas con más medios y personal. El objetivo es poder gestionar las sanciones aportando la máxima seguridad jurídica, ya que existen algunas sentencias que cuestionaban los sistemas externos de tramitación de multas. 

La iniciativa nacida en 2013 tenía como objetivo reducir el déficit que soportaba Emvsa. Sin embargo, el informe de la Valedora do Pobo correspondiente a 2022 localiza un incidente que descubrió el problema: la Valedora recibió la queja de una persona que ponía en cuestión la tramitación realizada de su expediente. No solo por errores en el documento, sino porque lo había hecho a través de una empresa pública y el propio Ayuntamiento. Este respondió reconociendo dichos errores y señalaba que había procedido a la anulación de la sanción. No solo eso, desde María Pita indicaron que estaban “evaluando propuestas de organización del servicio”, y todo quedó en un recordatorio de deberes legales, que quedan expresados en una sentencia del Tribunal Superior del 14 de septiembre de 2020 y que viene a decir que todos los procedimientos sancionadores deben ser incoados por funcionarios municipales.