Realizaron los vecinos del Agra dos Mallos un ejercicio de supervivencia o resistencia en forma de manifestación y cadena humana. La convocatoria para elevar su voz logró reunir a casi un centenar no solamente de residentes, sino también de ciudadanos solidarizados con la causa de una pequeña urbanización que desafía el tiempo y los planes urbanísticos. Ni se quieren ir de sus casas ni están dispuestos a pagar por ellas una cantidad que, según denuncian, supera los 130.000 euros. 

Se ha convertido la visibilidad pública en la vía principal de comunicación con el Ayuntamiento, al que los todavía 20 residentes en la zona lanzan un mensaje claro: el proyecto urbanístico que necesita de la demolición de sus viviendas no se ajusta a lo pactado. “El Ayuntamiento está incumpliendo promesas reflejadas en diferentes plenos, donde se dijo que estas casas serían compatibles con una integración en el nuevo polígono”, afirma Manuel Barrientos, erigido líder y portavoz de la comunidad. “Hablaban de bloques de viviendas colectivas y siempre se nos dijo que no habría problemas con nuestras casas. Ahora nos encontramos que era incierto”, añade. 

La concentración, silenciosa, transcurre entre evidentes relatos de preocupación acerca del futuro de una comunidad heterogénea: desde niños en edad de jardín de infancia a jubilados de avanzada edad. Han contado su historia cientos de veces, pero se prestan a relatarla con pelos y señales a cualquier viandante despistado. De manera anónima se suman, además, representantes de asociaciones de otros barrios, conscientes de que la misma historia podría repetirse en sus calles. Las posturas, advierten, están muy lejos de acercarse a un Ayuntamiento al que acusan de intentar comprar muy por debajo del valor real: “Nos quieren comprar a un precio irrisorio y no estamos dispuestos a vender. No hay necesidad de que cambiemos de casa”.

Barrientos dice estar en contacto permanente con el Gobierno municipal y la oposición, aunque las posturas están muy lejos de un punto de entendimiento. “En mi caso soy un padre de familia con cuatro hijos, que se imagine cualquier ciudadano que el Ayuntamiento te pida 130.000 euros por quedarte en tu propia casa”, subraya. “Esto no tiene ni pies ni cabeza, en uno de los portales viven dos familias de renta antigua y pretenden que haya gente que regale su propiedad. Pedimos sentido común dentro del cumplimiento de la ley”, agrega el portavoz de una comunidad que espera retrasar el máximo tiempo posible la ejecución de las obras. Y espera hacerlo a base de ‘ruido’  y visibilidad.