El Club del Mar de San Amaro empezó ayer no solamente a desvincularse del convenio que le une al Ayuntamiento desde 2003, sino también a reclamar lo que considera que es suyo en tiempo y forma. Por un lado, los representantes de la entidad presentaron en el registro municipal la anunciada solicitud para el fin de la colaboración con María Pita, fruto de lo aprobado el pasado domingo en la asamblea extraordinaria de socios. Por otro, reactivaron la reclamación de 44.391,17 euros que el Gobierno municipal considera una deuda prescrita.

La cantidad a la que hace referencia el segundo de los escritos es en realidad una alegación al acuerdo adoptado el pasado 13 de julio por la Junta de Gobierno Local, en el que se aprueba el expediente de prescipción de las obligaciones reconocidas pendientes de pago entre 1992 y 2014, ambos incluidos. “Dicha deuda nunca se dejó de reclamar por parte del Club, de forma verbal todos los años desde que fue contraída”, afirma el documento, que apela a la confianza mutua entre ambas partes. Además, adjunta una comunicación de la Sección de Contabilidad del Ayuntamiento, con fecha 12 de julio de 2019, en la que apunta a la repetida cantidad de 44.391 como deuda existente al final del ejercicio 2018. Entiende la asesoría jurídica del complejo de San Amaro que “el acto de reconocimiento de la deuda por el deudor opera como causa de interrupción de la prescripción, en referencia a la sentencia del Tribunal Supremo 257/2008 del 16 de abril de 2008. “De no prosperar este escrito reclamaremos la deuda judicialmente algo que no interesa a ninguna de las dos partes”, finaliza al respecto la comunicación oficial.

Resolución de contrato

Con un resultado de 88 votos a favor, 21 en contra y 5 pronunciamientos en blanco, los socios del Club del Mar aprobaron el pasado domingo en asamblea el “cierre de la piscina”, un punto que no se aplicó al pie de la letra, ya que la misma sigue abierta. En realidad, se trataba de resolver el contrato que le vincula al Ayuntamiento y mantener por otra parte una puerta abierta a la buena voluntad expresada por la alcaldesa.

El escrito de este punto cifra en 400.759,22 euros el balance negativo ocasionado por la piscina interior climatizada entre 2018 y 2021, así como 24.000 euros mensuales en 2022. Por ello, solicita la “resolución del contrato de concesión administrativa del servicio de explotación, que se revierta dicha gestión al Ayuntamiento, que deberá hacerse cargo de los trabajadores que prestan sus servicios en la misma para la gestión de la programación deportiva”. Además, solicita el abono de las cantidades antes referidas “por incumplimiento”.