El descubrimiento en A Coruña de que hay varias personas viviendo en el precario refugio que ofrece el esqueleto de hormigón del número 376 de la avenida de Finisterre vuelve a situar en primera línea de la actualidad el problema de la vivienda, sobre todo para los individuos en riesgo de exclusión social, cuyas opciones se ven muy limitadas. Desde la Cocina Económica, que asiste a este colectivo, reconocen que se ha llegado a niveles desconocidos en años anteriores, incluso en lo peor de la crisis económica que estalló en 2008. La cifra de nuevos casos rozó en 2023 los 700, algo nunca visto. 
 

“La dinámica es muy parecida a la de años anteriores –admite Pablo Sánchez, trabajador social de la Cocina Económica–. Desde 2020, prácticamente cada año es calcado del anterior”. La mayoría de los solicitantes de ayuda son personas o familias de bajos ingresos, sin capacidad económica para asumir sobrecostes. La inflación ha supuesto un duro golpe para ellos, que a menudo tienen que escoger entre pagar el alquiler o la comida. 

Muchos de los solicitantes de ayuda (algo más de la mitad) son inmigrantes, lo que significa que no cuentan con una red familiar de apoyo y, si se encuentran en el país en situación irregular, tampoco pueden acceder fácilmente al mercado laboral. Subsisten gracias a la economía informal que, por otro lado, es algo muy habitual en sus países de origen. 
 

A esto hay que añadir los indigentes, que acuden de otras poblaciones a la ciudad, atraídos por la fuerte red social con la que cuenta A Coruña. “Ha sido un arranque de año de órdago, con bastante volumen de gente, en sí algo normal, pero bastante acumulado de años anteriores. Llega más gente de la que sale. Es decir, acceden más personas a los servicios que las que pueden dejar de utilizarlos”, explica el trabajador social. Es el efecto acumulativo lo preocupante. 

Trasteros 

Desde la crisis financiera no ha dejado de aumentar la demanda de ayuda. Los efectos de la crisis de 2008 no se hicieron notar con fuerza hasta 2011. Poco a poco, el número de nuevos casos ha ido escalando, año tras año. Si en 2022 eran 674, el pasado ya son 694. “Nunca llegamos a los 700, ni durante 2011, que fue el peor año de la crisis económica”, advierte Sánchez, que señala, que la problemática de la vivienda, que es general, afecta de forma especial al colectivo en riesgo de exclusión, porque a la escasez de oferta se suma la escasez de recursos. “Por primera vez ha ocurrido que no conozco ningún sitio donde alquilen una habitación donde pasar la noche”, asegura el trabajador social. 
 

Hasta ahora, a pesar de todo, siempre podía hacer alguna llamada y acabar localizando un alojamiento, aunque temporal, para alguien necesitado de él. “Ahora tengo un listado de diez personas que buscan habitación y que no la encuentran”. La situación ha llegado hasta tal punto que se están alquilando trasteros como lugares donde poder pasar la noche. Obviamente, no se trata de una práctica habitual, dado que es ilegal y la comunidad de vecinos no lo permitiría, pero por primera vez se han dado casos. 

“La gente no está viviendo en esas situaciones voluntariamente, si tuviese otra opción la escogería”, señala Sánchez. Obviamente, existen casos con enfermedades mentales graves, sin diagnosticar o tratar, que prefieren montar un refugio, como una tienda de campaña, en cualquier rincón de la ciudad. “Es dramático. Las ciudades están tocando techo –explica–. Es la exclusión residencial, en la que el propio mercado de vivienda es el que te excluye, pasó en ciudades como Málaga, Bilbao, Valencia y ahora lo tenemos aquí, y viene para quedarse”