La Audiencia Provincial celebra de miércoles a viernes el juicio oral por apropiarse de fondos públicos que habría realizado la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) al contratar con empresas estudios y cursos de formación que luego resultó que no se habían realizado nunca. 

Los hechos tuvieron lugar a finales de los 90 y los perjuicios causados ascienden a 374.477 euros para el INEM, y 142.793 euros para la Xunta, así como 66.111 euros para el Igape. En total son nueve los encausados, para los que piden multas de entre dos millones y 50.000 euros.