A principios de año, el Gobierno local convocó numerosas plazas de funcionario de libre acceso para diferentes puestos de la Administración local a las que podían acceder todos los opositores que cumplan los requisitos. Entre ellas se encontraban 22 de la categoría A1, que cubren puestos clave de la administración municipal, como jefes de servicio, dirección de área, jefes de departamento, etc. Sin embargo, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó esta semana los resultados del primer examen, con un resultado inesperado: de cerca de 500 candidatos, solo han aprobado siete, lo que significa que el resto de los puestos tendrán que seguir cubiertos por otros funcionarios en comisión de servicio, seleccionados directamente por el Gobierno de Inés Rey. 

Fuentes municipales consideran que “as probas transcorriron con normalidade e pasaron todos aqueles aspirantes que superaron a nota de corte que fixan as bases da convocatoria, ao igual que en otras oposicións convocadas por outras administracións”.  De todos modos, el Ayuntamiento aseguró que, cuando se concluya el proceso actual, se convocarán de nuevo las plazas que queden sin cubrir, sumadas a la oferta del año 2022  “xa aprobada, co obxecto de cubrir o antes posible esas prazas”
 

Desde María Pita recuerdan que la categoría A1 es una de las  más altas de la administración pública y por lo tanto, con pruebas de acceso más complejas, y señalan que estas situaciones también se dan en otras administraciones. Por ejemplo, en la autonómica, donde este año de 132 plazas, 50 se quedaron sin cubrir. 
Lo cierto es que las proporciones de aprobados y suspensos difieren. En el caso de la Xunta, aprobaron el 63%, mientras que en el Ayuntamiento fueron solo un 33%: Esto ha provocado malestar y críticas entre los aspirantes. Claro que, en el caso de la selección de 17 plazas de funcionario administrativo de categoría A2, cuyos resultados publicó el BOP, la prueba la superaron más de 30 aspirantes.
 

“Absolutamente raro” 

En ambos casos, el tribunal está compuesto por funcionarios elegidos por la Concejalía de Personal. Todo puede achacarse, entonces, a que las pruebas son más estrictas en el caso de la A1 que en el A2 por los motivos que explicó el Gobierno local. Pero existen otros puntos de vista, sobre todo entre los sindicatos. El delegado de la CIG en el Ayuntamiento, Roberto Tizón, declaró al respecto: “Nos parece absolutamente raro e fora de lugar”, aunque matizó que las explicaciones debe darlas el propio tribunal. 
 

Tizón señaló que, con estos resultados, las necesidades de personal no se cubren “en absoluto”. Claro que eso no significa que nadie hará el trabajo: el Gobierno local los mantiene cubiertos gracias a la figura de “en comisión de servicios” que Tizón definió como  “cando ti detraes doutras administraciones públicas persoal porque tes ‘feeling’ con eles”.
 

No es la primera vez que la CIG muestra su descontento por la forma en la que el concejal de Personal, José Manuel Lage, emplea la figura de funcionario en comisión de servicio. De hecho, este sindicato llevó al Gobierno local a los tribunales por su elección para la jefa de Seguridad Ciudadana. El juzgado contencioso administrativo consideró en abril que la designación de Montse Paz, una psicóloga de Teixeiro que figura en la lista de Inés Rey para las municipales, no estaba justificada. 
 

El Ayuntamiento decidió recurrir la sentencia, al tiempo que insinuaba que la CIG desconocía la diferencia entre comisión de servicio y puesto de libre designación. En respuesta, el sindicato nacionalista había declarado: “Na CIG temos moi claro que é un sistema utilizado polo goberno actual para premiar ou castigar aos seus amigos/inimigos”.