La Policía Nacional acudió a las 09.30 horas al número 41, donde se encuentra Casa Saqués, para desalojar a los jóvenes que ocupaban ilegalmente el cuatro piso y que generan problemas de inseguridad. Los agentes, provistos de mazos y arietes, acompañaron al representante legal de la propiedad y a los secretarios judiciales. Primero entró la Policía y luego estos últimos. Sin embargo, solo pudieron desalojar a uno de los okupas ya que los demás se habían mudado al primer piso, de manera que el problema persiste.
Finalizó media hora después.
El abogado Ignacio Martínez, representante de la propiedad, lamentó la situación actual después de once mees de procedimientos legales: "Las leyes actualmente protegen más a los okupas". Recordó que, en teoría, se había empelado el procedimiento exprés lo que supone solo cinco días. Sin embargo, los jóvenes magrebíes han conseguido burlar a la ley con un procedimiento muy simple. "Así que vuelta a empezar. Se ríen del Estado de Derecho", concluyó Martínez, que considera que no se está siendo lo suficientemente expeditivo con los okupas o, por lo menos, no tanto "como otros países de nuestro entorno".
También se hallaba presente el propietario de Casa Saqués, Antonio Saqués. "Isto xa é unha vergoña. Están mais cómodos no primeiro?", comentaba con sarcasmo. Recordó que hace meses se había produciendo un incendio en el segundo piso, donde se traficaba con droga. Resultó que él abandonó el primero hace un año. "Alí hai luz. Están como Dios", comentó Saqués que señalaba que el dueño tenía que haber tapiado todo hacía un año. Sin embargo, todavía existe una inquilina en el tercer piso. Son tres años de lucha constante y con pérdidas en el restaurante. Recordó también que el primer desalojo se fijó para el 31 de enero pero que la huelga de los letrados judiciales lo paralizó. Y ahora, esto. "Hai que esperar, non queda outra", concluyó.
Una vez expulsado el único okupa que se encontraba en su interior, un cerrajero procedió a clausurar la puerta. Un arreglo provisional, a la espera de que se tapiara, porque el marco de la puerta estaba tan debilitado que no se podía garantizar que impidiera un nuevo allanamiento.