Los imputados en el caso de asesinato a Diego Bello, el coruñés fallecido en la isla de Siargao, Filipinas, en 2020 a manos de la policía, siguen en paradero desconocido. El capitán Vicente Panuelos y los sargentos Ronel Azarcón y Nido Boy Esmeralda tendrían que haber sido detenidos tras la orden decretada por el juez filipino el 25 de marzo, pero se dieron a la fuga.

“No es creíble que tres policías que siguen siendo funcionarios y siguen cobrando del Estado, estén ilocalizables”, asegura la familia del joven. Por ello, creen que “si hubiese intención de cumplir con la orden de arresto, ya estarían en la cárcel, pero Siargao es un sitio muy pequeño y todo el mundo se conoce, a lo que se suma la presión social que hay. La Policía filipina y el Gobierno no están dispuestos a reconocer que en sus filas hay asesinos”.

Por ello, y para evitar presiones al juez que ha tenido “la valentía” de decretar la orden, han solicitado, a través de su bufete de abogados, cambiar la localización del juicio a Manila. “Tenemos miedo de que el juez que dictó la orden sea presionado y desalentado. Además, buscamos tener más repercusión e implicación por parte de España y del gobierno filipino.  Tenemos que intentarlo, tanto esto como presionar para que se detenga a esta gente. Lo que intentamos es que el juez siga vivo y que pueda expresarse sin tapujos, ya que ha hecho algo muy valiosos y hay gente poderosa dispuesta a tumbarlo, al igual que se quitaron de en medio a Diego”, sentencian los allegados del coruñés.

El apoyo del Gobierno de España es constante. “Desde que llegó el nuevo cónsul, Javier Martínez, ha habido un incremento del interés por tener a la familia informada y por hacer contactos a nivel político”, explican.

Proceso

Los familiares de Diego Bello siguen adelante con la venta de ropa de la marca Mamon Suf Co, creada por el coruñés fallecido en 2020. Gracias a los beneficios que sacan, logran hacer frente a los costes judiciales del proceso en el país asiático. “Queremos hacer público nuestro agradecimiento a toda la gente con la que hemos contactado y de la que hemos recibido ayuda. La respuesta de todo el mundo ha sido generosa y estupenda”, recalcan.

La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas concluyó en 2020 que “la policía disparó a matar” al coruñés, y la investigación, llevada a cabo entre enero y julio de ese año, puso en duda el argumento del jefe del operativo. La policía aseguraba que Bello era un narcotraficante de alto valor que disparó primero a los agentes cuando se dio cuenta de que les había vendido droga en una operación encubierta. Pero el joven nunca figuró en la lista de personas relacionadas con el narcotráfico. l