El palacio municipal de María Pita acogió ayer una sesión extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno local. El tema único a aprobar era interponer un recurso contra el Ministerio de Transportes, que impide llevar a cabo un proyecto de urbanización en A Pasaxe, en el Lugar de Pedro Fernández, impidiendo construir un edificio de 95 viviendas, aunque las obras de urbanización ya han comenzado.

 
Como la edificación se construye justo al lado de la avenida de A Pasaxe, la Concejalía de Urbanismo necesita el permiso de la Subdirección General de Planificación y Explotación del Ministerio de Transportes. El Ayuntamiento pidió el informe preceptivo en junio de 2022 a Demarcación de Carreteras. La norma dicta que si, tres meses después, no han recibido ninguna objeción, se entiende que está aprobado (es la figura de silencio administrativo positivo). 
 

El Ayuntamiento aprobó el  proyecto de urbanización siete meses después, pero en noviembre del año pasado, “de forma extemporánea”, según figura en la documentación municipal, el Ministerio dictó una resolución desfavorable al proyecto. El Ayuntamiento envió un requerimiento, que el Ministerio no contestó. Mientras tanto, la obra ya se encontraba en fase de ejecución y la licencia urbanística ya se había solicitado  
 

Pocomaco 

Por otro lado, el próximo viernes se van a llevar varios asuntos importantes a la Comisión de hacienda, de cara a su aprobación en el pleno de la semana que viene. Entre ellos, la adenda al convenio urbanístico para la regularización del viario, servicio e instalaciones del polígono de Pocomaco y suspensión del procedimiento de ejecución forzosa que había acordado la Junta de Gobierno local el 25 de enero. No hay que olvidar que será la segunda vez que el Gobierno local lleve a pleno este asunto, después de que no contara con mayoría.
 

Otro documento de interés es la aprobación de la comparecencia en el procedimiento promovido por la asociación Defensa do Común contra la aprobación del estudio de detalle de una parcela de la Maestranza. Se trata de un trámite preciso para edificar allí viviendas, algo que la plataforma rechaza, por considerar que esos terrenos fueron cedidos al Ejército por el Ayuntamiento.