El visto bueno de la Xunta a declarar A Coruña como zona de mercado residencial tensionado ha agitado a todo el sector. La solicitud para dicha medida, que partió del Ayuntamiento, fue aplaudida, como no podía ser de otra forma, por el Gobierno municipal.
La alcaldesa se mostró “satisfecha” este jueves, tras manifestar en numerosas ocasiones que esta declaración tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda, un asunto que cada vez preocupa más a los coruñeses, obligados a hacer frente a precios que no paran de escalar. En la bancada de la satisfacción también se posicionó el BNG de A Coruña, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, entre otros. Pero ni el Gobierno autonómico, ni la asociación de inquilinos, ni los promotores inmobiliarios aplauden la norma. Estos últimos, además, avisan: los grandes tenedores –7.000 en la ciudad– y los propietarios que pongan un piso en alquiler por primera vez serán los grandes perjudicados.
Para relatar de forma sencilla qué supone para la población la declaración de zona de vivienda tensionada, el director gerente de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de A Coruña, Juan José Yáñez, distingue en dos puntos la medida. “En el grupo de los pequeños propietarios que hayan alquilado su piso en los últimos cinco años, la renta de los nuevos contratos no podrá superar el precio fijado en esos años. Eso sí, debidamente actualizada la renta según el índice de referencia, que es el IRAV”. Es decir, “los pequeños propietarios no pueden subir ni un euro más de lo que fuese la renta de los cinco años anteriores”.
“Habrá particulares que no alquilen su piso, lo destinen a arrendamiento de temporada o lo vendan”, dice Yáñez
Si por el contrario un particular no ha tenido su piso en el mercado del alquiler y va a hacerlo por primera vez, o si la persona es un gran tenedor –posee más de 10 inmuebles o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial–, “están sometidos al sistema estatal de referencia de precios de alquiler. Tienen que ajustar los nuevos contratos a lo fijado en ese índice. Con lo cual, se podría dar la tragedia de que tengan que bajar mucho la renta”.
Según el Índice de Precios de Referencia, los arrendamientos en la ciudad podrían abaratarse hasta un 55%, aunque la media gira en torno al 28%. “Se va a generar un efecto perverso. Se dice que hay que acabar con la vivienda vacía, pero si quien la pone en el mercado tiene que poner el precio según ese índice, es contradictorio y no aflorarán las viviendas desocupadas”.
Y, con los inquilinos, ¿qué ocurre? “Serán otros perjudicados, sobre todo los colectivos vulnerables. Hay mucha demanda, muy poca oferta y esta ley y el sistema van a hacer que haya menos oferta. Habrá particulares que no lo alquilen, lo destinen a temporadas o lo vendan.