La falta de relevo generacional, la elevada presión fiscal, el alza de precios y los costes laborales de contratación marcan el aumento de bajos vacíos en la ciudad. La Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) estima que en la actualidad existen 925 locales en alquiler, un centenar más que en diciembre de 2022, cuando había 820. Esto supone un incremento del 12,8% en dos años. 

A Coruña es, por lo tanto, la tercera urbe gallega con la cifra de bajos en arrendamiento más alta. Ourense se sitúa en primer lugar, con 1.525 (en 2022 tenía 1.400); Vigo, en segunda posición, cuenta con 1.170, cuando hace dos años eran 1.100. Lugo es la ciudad con menos locales vacíos, 250. Fegein señala que el número ha aumentado en todas las principales ciudades de la comunidad. El precio del metro cuadrado es, en A Coruña, de 8,10 euros, solo superados por los 8,20 de Santiago. Según el último informe elaborado por la patronal inmobiliaria, Galicia tiene 7.045 bajos en el circuito de comercialización. 

El presidente de Fegein, Benito Iglesias, considera que “la actual situación económica y el alza de costes energéticos, sumado a un auge sin precedentes del circuito de comercialización online, agrava los cierres en el sector minorista”. Por ello, el incremento de la oferta de locales y bajos comerciales “seguirá aumentando en el primer semestre del año, abaratando así los precios actuales, ya que, incluso las grandes marcas y franquicias reducirán espacios físicos en calles y centros comerciales, al aumentar y reforzar sus canales de venta online”.

Iglesias añade, además, que “los propietarios deben comprender que ese perfil de cliente ya no volverá, y esta es una de las principales razones por los que si no se abarata el precio de los locales vacíos, aumentan las posibilidades de que ese local quede vacío”. Desde la patronal inmobiliaria gallega respaldan, además, el cambio en la normativa de habitabilidad de Galicia con el objetivo de “facilitar y permitir, en determinados supuestos, que bajos comerciales abandonados o sin actividad en entornos urbanos puedan renunciar a su uso original para reconvertirse en viviendas”.