Estos días, la Cocina Económica publica su memoria social, auténtico termómetro de la situación en la ciudad que viven los individuos y familias en riesgo de exclusión social. Es este colectivo el que sufre con más rigor la crisis de la vivienda, hasta tal punto que el número de usuarios de la Cocina Económica categorizados como sinhogar ha crecido un 5% en solo un año, pasando del 18% al 23%. 

Este concepto no designa solo a las personas que duermen en la calle, sino a todos los que no tienen un alojamiento fijo, garantizado y que por ejemplo, recurren a albergues, a amigos o familiares. Pero son sin duda los que duermen al raso los que se encuentran en una situación más precaria. “Cada vez es más peligroso dormir en la calle, por la gran variedad de perfiles que hay y que antes no había”, advierte el trabajador social Pablo Sánchez, que señala que esta inseguridad se genera entre miembros del colectivo. 
En 2024, esta centenaria institución atendió a 2.223 personas y 582 acudían por primera vez. Aunque hay menos casos nuevos que en 2023, cuando fueron 694, el trabajador social considera que no es una cifra significativa: “En 2021, fueron 436 nuevos usuarios. Puede haber ligeras variaciones entre personas nuevas, pero la serie histórica, sobre todo desde 2020, es muy consistente en relación con el total, que es más de 2.000 personas atendidas o unidades familiares”. 

Aunque los perfiles pueden variar mucho (individuos o familias, inmigrantes ilegales o naturales, con una situación enquistada o recién llegados, con problemas mentales o de drogadicción...) para todos ellos el factor clave es la vivienda, porque supone la mayor carga que debe afrontar alguien con medios precarios. “Es lo que determina la situación de las personas y familias que se aproximan a la pobreza y a la exclusión social”, dice.

Y el elevado precio de la vivienda, tanto completa como una simple habitación, la vuelve inaccesible. “Atendemos a familias que están pagando 500, 600 o 700 euros de alquiler y a personas que están pagando 400 o 500 euros por una habitación en un hostal”, denuncia. Es decir, entre el 80 y el 90% de sus ingresos, de ahí que dependan de los menús de la Cocina Económica para su alimentación diaria. “La mayoría lo pide para llevar y los come en su habitación”; explica Sánchez.

Pero no se trata solo del elevado precio. “Estamos en la dinámica de que la oferta se va restringiendo y, en muchos casos, directamente no quieren gente que cobre prestaciones sociales”. El trabajador social lo considera un “claro prejuicio”, porque llegan a la conclusión errónea de que van a tener problemas con el arrendatario: “Es una realidad que palpo con muchas personas. Les sacas diez o quince teléfonos de personas que alquilan y me dicen: ‘Si estoy cobrando el Ingreso Mínimo Vital, no me quieren’”. 

Por otro lado, Sánchez reconoce las malas experiencias que sufren los caseros. “El famoso escudo social tiene efectos imprevistos e incluso perversos”. Asegura que el tema de la protección de determinados perfiles vulnerables contra los desahucios ha contribuido al escenario actual, “mal que nos pese”. “Si tú, como propietario, tienes una segunda vivienda que la utilizas como complemento económico o alquilas por habitaciones y tienes esa inseguridad jurídica, eso se hace notar en un mercado tan restringido”. Por eso, “lo que vemos a día de hoy es que, más allá de problemáticas específicas, como inmigrantes sin permiso de trabajo, el problema es la vivienda”. La mayor parte de los usuarios de la Cocina Económica (el 26%) vive en una habitación arrendada y solo el 13% consigue alquilar un piso. 

Con trabajo 

Que la tasa de paro se encuentre en mínimos no parece haber contribuido a mejorar las cosas. Aunque muchos consiguen un trabajo, aunque sea eventual, la nómina solamente les permite vivir al día, sin ahorrar, de manera que nada más perderlo tienen que dirigirse a la Cocina Económica  Los ingresos se los lleva en un porcentaje muy alto la vivienda, además de la inflación. “Ya afecta a toda la estructura social, no solo a los colectivos más desfavorecidos”, reconoce. 

Sánchez considera que la situación para los usuarios de la Cocina Económica no mejorará a menos que se destense el mercado inmobiliario, algo que considera que no ocurrirá hasta que se construya vivienda social. “Tenemos una situación para mucho tiempo –advierte–. Esto no va a cambiar al corto plazo y los mayores perjudicados son siempre los mismos. El estrato más débil, que son las personas en situación de pobreza y exclusión, que es la gente que no tiene vivienda, las personas sin hogar”.

El colectivo de los inmigrantes es el más afectado

Uno de los colectivos que más sufren el problema es el de los inmigrantes ilegales, que son el grupo más numeroso que atiende la Cocina Económica. Mientras que los que entran en el país de forma legal rápidamente encuentran trabajo gracias, en parte, a amigos y familiares y se integran rápidamente, los que se hallan en situación irregular se encuentran atrapados en un limbo legal y burocrático. “Esa gente vive literalmente al día. Con el tiempo, tras varios años en España, se quedan en esa situación sin hogar, trampeando amigos, conocidos, en albergues. Ese perfil flotante que siempre está al límite de verse literalmente en la calle. Es muy identificable”, se lamenta el trabajador social Pablo Sánchez. En mayo entrarán en vigor cambios en la normativa que, espera, servirán para aliviar el problema. Pero, mientras tanto, continúa la situación de precariedad.