La Policía Nacional, en cumplimiento de una orden de lanzamiento emitida por el juzgado de instrucción número once expulsó a tres okupas que residían en el número 7 de la calle Camino do Pinar, en Peruleiro. El desalojo estaba programado para las diez de la mañana pero no fue hasta pasadas las once y media que los tres sujetos finalizaron la retirada de todos sus enseres de la vivienda, que fue inmediatamente tapiada. Acompañados por los abogados del propietario del inmueble, el personal del juzgado acudió puntualmente a la casa de un solo piso. Esta se encuentra en una de esas escasas calles que conservan su carácter rural tras ser absorbidas por la expansión urbanística de los años 70 y 80, de manera que allí, todas las viviendas son de uno o dos pisos, y muchas llevan tiempo abandonadas, de ahí que varias hayan sido ocupadas irregularmente.

Los funcionarios del juzgado se vieron obligados a pedir presencia policial ante la falta de colaboración 

Los dos ocupantes de esta, dos hombres jóvenes de nacionalidad marroquí, llevaban meses en ella. Habían sido apercibidos por el juzgado pero cuando los representantes llamaron a la puerta de madera, a las diez de la mañana, uno de ellos les abrió somnoliento y en zapatillas. Primero afirmó no entender el idioma, y después aseguró que no pensaba marcharse. Tras cerrar la puerta, los funcionarios del juzgado decidieron llamar a la Policía Nacional, que envió a cuatro agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

“Esto es España”

Una vez llegaron los agentes y llamaron a la puerta, los okupas volvieron a abrirla y se inició una charla, en la que los policías les conminaron a abandonar el domicilio, pero ellos no parecían convencidos de que tuvieran que hacerlo así como así. “Esto es España”, argumentó uno, mientras que otro señalaba que no se podía echar así a la gente cuando hace frío y lluvia (aunque en ese momento no llovía). Primero alegaron que no habían recibido ningún aviso anterior y el jefe de la dotación respondió que para eso había que abrir la puerta. Tras leer la orden del juzgado, el okupa argumentó que solo ponía que había que vaciar la casa. El mando, armándose de paciencia, le hizo ver que eso incluía a sus ocupantes. Aquello pareció zanjar la cuestión, aunque uno de ellos no parecía convencido de aquella actuación judicial y murmuró algo sobre los derechos humanos.

La puerta de la casa fue tapiada de manera inmediata en cuanto sus ocupantes la abandonaron 

 

Los agentes de la UPR identificaron a los tres ocupantes de la casa. Al parecer, uno de ellos no residía allí, y solo había dormido esa noche, y fue el primero en marcharse. Sus dos anfitriones tardaron mucho más y fueron acumulando sus efectos personales en la calle: maletas, sacos de dormir, mochilas, una bicicleta, cajas y una televisión. La desgana con la que se movían impacientó al mando de la dotación, que les puso un plazo: “A las once y media las cosas que no estén fuera se quedan aquí”.

El plazo se cumplió y, aunque se hallaba presente un cerrajero, finalmente varios peones tapiaron la puerta, dado que las ventanas estaba enrejadas, siempre bajo la mirada de la Policía Nacional. La posibilidad de que se cometiera una nueva ocupación muy pronto en una zona con varias casos se incrementa con cada vez que hay un desalojo.