La Audiencia Provincial de A Coruña acogió este martes una nueva jornada del juicio por el crimen de Samuel Luiz, la noche del 3 de julio de 2021, en el Paseo Marítimo coruñés.

Diego Montaña, Katy Silva, Alejandro Freire, Kaio Amaral y Alejandro Míguez están acusados de acabar con la vida de Samuel. Todos ellos se enfrentan a una pena por asesinato con alevosía y ensañamiento. Míguez y Freire, a 22 de años en prisión; Silva y Montaña, a 25 –para ellos consta una agravante de discriminación por condición sexual–; Amaral, a 27 años, ya que también se le atribuye el delito de robo con violencia.

Un conocido de los acusados y cuatro viandantes presentes en el lugar de los hechos prestaron declaración en la Audiencia, en una mañana en la que uno de ellos aseguró haber visto a "una persona en el suelo recibiendo patadas". Aunque sí es cierto que ninguno de los paseantes pudieron identificar a algún acusado.

Para dar comienzo a la quinta sesión del juicio, testificó un conocido de los acusados, Leandro. Él aseguró que no tenía amistad con los acusados pero los conocía de vista. Durante su declaración se apreciaron una serie de contradicciones, según apuntó el Ministerio Fiscal. En su declaración policial, días después del crimen, destacó que cuando el chico se levantó (Samuel), estaba "súper solo", aunque durante su declaración de este martes apuntó que había varias personas con él. Sin embargo, Leandro explicó que le "pareció una pelea como cualquier otra".

El tercero de los testigos, Pablo, concretó que había mucho ruido, con la peculiaridad de escuchar algún recipiente de cristal romper. "Vi a una persona en el suelo recibiendo patadas". "La persona se llegó a levantar sola, aunque no recuerdo el momento de levantarse, pero sí lo vi caminando después", apuntó haciendo memoria sobre lo ocurrido en la fatídica primera noche de ocio nocturno después de la pandemia. Pablo manifestó que su aportación fue la compra de una botella de agua para las personas que estaban socorriendo a Samuel, una vez inconsciente en el suelo.

La cuarta persona en testificar, Diego, coincidió con Pablo en escuchar el ruido de lo que parecía ser una botella de cristal "romperse contra un árbol", según destacó. Aunque comenta no haber visto el inicio de la agresión, "creo recordar que era un grupo entre 6 y 9", aunque no recuerda si estaban pegando a una persona o entre ellos, según expresó.

Por último, testificó Oscar, que destacó que una vez que el chico cayó al suelo (Samuel), los agresores huyeron en dirección a la playa: "Cuando me acerqué, el chico se cayó al suelo y ellos se fueron hacia la playa de Orzán", concretó. "Vi que estaba en la carretera inconsciente, lo cogí y lo llevé a la acera". También aclaró que su percepción era que solo había chicos en la pelea, lo que hizo pasar desapercibida a Katy, de nuevo en la sesión de hoy.

Para este miércoles está prevista la declaración de dos viandantes más presentes en el lugar de los hechos y el testimonio de un empleado de un pub.

Por otra parte, la magistrada presidenta del Tribunal del Jurado por el crimen de Samuel Luiz ha prohibido la grabación y difusión de imágenes del cadáver de la víctima y de sus pruebas forenses.

En un acto con fecha de 21 de octubre y difundido este martes, la magistrada ha dado respuesta a una petición de la Fiscalía planteada la semana pasada.

El Ministerio Fiscal solicitó celebrar a puerta cerrada las sesiones vinculadas a las declaraciones de los forenses, una petición a la que se adhirieron las otras dos acusaciones y que contó con el visto bueno del jurado.

Lo hicieron para la "adecuada protección de los derechos fundamentales de los intervinientes, en particular, el derecho a la intimidad de la víctima, el respeto debido a la misma o a su familia", pues la norma permite "la celebración a puerta cerrada de aquella/s sesión/sesiones del acto de juicio en que depongan como peritos los señores médicos forenses que practicaron la autopsia del fallecido, en cuanto que pueden ser exhibidas imágenes en las que se visualice al fallecido".

Sin embargo, la magistrada presidenta debió "tomar una decisión proporcional tendente a compatibilizar los intereses en conflicto: publicidad del proceso por una parte y el respeto debido a la víctima y a su familia por otra, ponderando además cual es la medida más efectiva a los fines pretendidos por las acusaciones".

"Es una realidad incuestionable el más que evidente interés de la sociedad en el presente proceso, sobre posible delito de asesinato, en el cual la prueba médico forense sobre la práctica de la autopsia y las circunstancias que determinaron el fallecimiento se erige como prueba fundamental dentro de todo el elenco probatorio", relata en su auto.

Por tanto, ha opinado que "la solución más proporcional" es la adoptada, de mantener a puerta abierta la celebración del juicio, aunque con la prohibición de grabar o difundir imágenes del cadáver y las pruebas forenses.

"Por una parte posibilita la publicidad y el conocimiento general de la declaración de los peritos forenses y por otra garantiza la adecuada protección al respeto debido la víctima y a su familia", argumenta.

Ha acordado, por todo ello, "la prohibición de la grabación y/o difusión, extensivas tanto a las partes como a los medios de comunicación de toda índole, de todas aquellas imágenes y/o fotogramas que puedan ser exhibidas del cadáver del fallecido, así como todas aquellas imágenes/fotogramas/reportajes videográficos/presentaciones graficas que puedan ser mostradas durante la práctica de las pruebas periciales forenses".