Tras tres años de lucha en la calle, los despachos y los tribunales, la multinacional Alcoa ofreció a los trabajadores de sus antiguas plantas de A Coruña y Avilés, una indemnización: 60 días por año trabajado y 100.000 euros (básicamente, el ERE al que se enfrentaban en 2018). A cambio, debían votar por unanimidad renunciar a la vía judicial. 

Pero entre Avilés y A Coruña hay casi cien trabajadores que no votaron. El presidente del comité de empresa de A Coruña, Juan Carlos Corbacho, señaló que la condición impuesta por la multinacional es “casi incumplible”.

“Hemos explicado la propuesta, que se tenía que aceptar por unanimidad, por todos los trabajadores de manera individual. Los trabajadores dicen sí a la propuesta, pero no hay la unanimidad que exigen”, dice Corbacho que califica la situación de “compleja” y casi un “chantaje”. “Nosotros consideramos que Alcoa tiene que recapacitar y darse cuenta de que su exigencia es casi incumplible”.

Considera que Alcoa está enfrentando a unos trabajadores contra otros. Unos están dispuestos a escuchar esta oferta y otra parte de ellos que no. “Se trata de desistir de un derecho fundamental de acceso a la Justicia. ¿Quién va a exigirle a los trabajadores que no están dispuestos a renunciar a su derecho fundamental?”, se pregunta. Tras mostrarles la documentación, se les dieron cuatro días para que los trabajadores pensaran cuál era la mejor decisión, y “después de tantos años de sufrimiento, cada uno tiene que valorar su situación, que es diferente”.