El municipio de Abegondo será el más beneficiado económicamente de la provincia de A Coruña tras la derogación de la bonificación estatal que catalogaba a la autopista AP-9 como Bien Inmueble de Características Especiales. De este modo, la compañía Audasa, que explota la vía de alta capacidad, pasará a abonarle al Gobierno local, que preside José Antonio Santiso, 595.000 euros anuales de IBI cuando hasta 2023 tan solo pagaba 30.000. Esta cifra supone una importante inyección monetaria para un Ayuntamiento que dispone de un presupuesto de 6,7 millones.

El motivo por el cual Abegondo es el más favorecido de la provincia coruñesa es por el hecho de que la autopista atraviesa su territorio de norte a sur durante unos 20 kilómetros. Una longitud no superada por ningún otro municipio, al tiempo que se da la paradoja de que tan solo dispone de un punto, en el lugar de Macenda, para acceder a ella.

Otro ayuntamiento del área metropolitana que también se verá bastante favorecido con el cambio legislativo es Miño. Su alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, también anunció ayer que le cobrará a Audasa 230.000 euros a partir de ahora. Por su parte, Culleredo, gestionado por el socialista José Ramón Rioboo, señala que todavía no ha actualizado el patrón por lo que se remite a la cifra del año pasado: 5.946 euros.

Cabe recordar que a finales de la semana pasada los ayuntamientos de Oleiros y A Coruña fueron los primeros en destacar que iban a cobrar el 100% de la tasa del IBI. “A empresa da Autopista do Atlántico que nos rouba os cartos cada vez que circulamos por ela non pagaba impostos por unha lei franquista e por unha decisión de Aznar no ano 2000. Xa saímos varios concellos nesta liña e agardo que todos fagan o mesmo e recuperemos parte do que nos saca do peto a concesionaria”, decía el oleirense Ángel García Seoane.

Por su parte, el primer teniente de alcaldesa y portavoz del Gobierno local de A Coruña, José Manuel Lage Tuñas, apuntaba que el municipio herculino se embolsará 26.257 euros cuando hasta el año pasado tan solo había cobrado 1.312.

“Non facemos máis que aplicar a Audasa a mesma política que eles lles aplican aos seus usuarios, así que terá que aboar todo o que lle corresponda e contribuír cos seus impostos a mellorar os servizos aos cidadáns”, apuntó Lage, que recordó que la AP-9 sería una autopista libre de peaje si no fuese por la decisión adoptada por Aznar, que firmó una prórroga de la concesión por 25 años, la cual no finaliza hasta 2048.