El ayuntamiento de Abegondo será, con bastante probabilidad, el primero en aprobar su integración en la futura asociación que englobará a gran parte de los municipios afectados por la autopista AP-9. Según indicó ayer, el alcalde, José Antonio Santiso, el visto bueno a las estatutos de la entidad se dará en la sesión plenaria de carácter ordinario que se celebrará el próximo jueves, día 28.

“Ya remitimos los estatutos a los 38 municipios conectados por la AP-9 y cuentan de plazo hasta mañana (por hoy) para presentar alegaciones o propuestas al documento. Después volveremos a enviárselos reformados para que los aprueben, si lo creen conveniente. De hecho, Abegondo los aprobará el próximo jueves”, dijo el regidor al tiempo que indicó que una vez creada la entidad la primera medida será contratar a una empresa especializada para que realice un estudio que sirva de base para actualizar la valoración catastral de la vía de alta capacidad que no se ha modificado desde el año 2007.

Medio siglo de agravios 

La aprobación de los estatutos por parte del Ayuntamiento de Abegondo es un paso más en un proceso que se inició el pasado mes de enero cuando, convocados por Santiso, una veintena de representantes municipales fueron informados por un bufete de abogados especializados en trámites fiscales de que se encontraban facultados para imponer un tributo del 100% por el paso de la autopista por su territorio.

La segunda reunión se celebró el 24 de octubre, también en Abegondo. Allí, Ames, Bergondo, Betanzos, Cabanas, Cambre, A Coruña, Ferrol, Mesía, Miño, Mos, Narón, Neda, Oleiros, Ordes, Oroso, Paderne, Padrón, Pontedeume, Portas, Teo, Valga y, por supuesto, el propio Abegondo acordaron constituirse como asociación para “reivindicar os nosos dereitos tras 50 anos de agravios”, en palabras del regidor abegondés.

Son tres los frentes en los que ‘combatirán’ los municipios afectados. En primer lugar se buscará el cobro de atrasos del IBI. Corresponden estos a los últimos cuatro meses del año 2023, desde que en agosto finalizó la exención del 95% que la concesionaria de la autopista tenía por una ley de época franquista. Según diversas fuentes, las administraciones recaudatorias aplicaron el cobro sólo desde enero del presente ejercicio, al considerar que el devengo se realiza por año natural.

En segundo lugar, la asociación defenderá ante Catastro la actualización de las infraestructuras de la AP-9. Los afectados consideran que si las propiedades de los particulares estuvieron sujetas a actualizaciones también tiene que estarlo la autopista.

El tercer último escenario ‘bélico’ es la exploración, por parte de los ayuntamientos, de una vía de solicitación de bonificaciones para sus empadronados por la utilización de la vía de alta capacidad. En este caso se ponen como ejemplos casos en la comunidad foral de Navarra o en el Levante español.