La Diputación de A Coruña destina 900.000 euros a costear los servicios de mantenimiento de playas en los municipios de la provincia coruñesa, que podrán solicitar estas ayudas para la contratación de brigadas de limpieza durante tres meses, durante la temporada de este 2022.
Desde la institución que preside Valentín González Formoso explicaron que este plan, unido al programa destinado a contratar socorristas, supondrá la creación de unos 300 empleos durante la temporada estival en los ayuntamientos costeros de A Coruña. Una provincia con más de 950 kilómetros de litoral, la más extensa de toda Galicia.
El Boletín Oficial da Provincia (BOP) de ayer publica las bases de la convocatoria del programa de limpieza de playas 2022.
El objetivo de este programa de financiación que promueve la entidad provincial pasa por “apoiar aos concellos coruñeses no sostemento dos gastos de contratación do persoal das brigadas que se encargarán da limpeza dos areais da provincia, así como da adquisición do material necesario, coma o vestiario ou o combustible”, explica la Diputación Provincial de A Coruña.
En este sentido, el presidente de la institución, Valentín González Formoso, destacó la importancia de este plan “que contribúe á conservación e o mantemento do patrimonio natural e o medio ambiente na provincia coruñesa e impulsa tamén a creación de emprego durante os meses de verán, xa que a cargo deste programa e do de contratación de socorristas en piscinas municipais e praias fluviais contrátanse cada ano case 300 persoas”, precisó también Formoso.
La subvención para la creación de estas brigadas de limpieza tiene una duración máxima de tres meses, que deberán estar comprendidos entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 2022.
El importe máximo que podrá recibir cada uno de los ayuntamientos solicitantes a través de este programa asciende a 33.840 euros y el mínimo a 6.768 euros.
La Diputación de A Coruña incidió en que aplicará “criterios obxectivos para a baremación das solicitudes”, en función tanto de la superficie total de los arenales existentes en cada término municipal, segundo los datos facilitados por Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como de la población oficial del ayuntamiento demandante, en este caso, atendiendo a los datos confirmados por el Instituto Nacional de Estatística.