Los residentes del Casco Viejo compostelano están obligados por ley a mantener los edificios de su propiedad en buen estado.

Es lo que implica la norma, al encontrarse las viviendas en una zona catalogada como Patrimonio Histórico Universal.

No obstante, desde la Asociación Vecinal Fonseca consideran que las actuaciones de conservación que tienen que llevar a cabo suponen un coste excesivamente alto, debido a las particulares características de la zona.

Explican que, de este modo, se contribuye a que los vecinos abandonen poco a poco sus domicilios y, por tanto, estos queden en situación de abandono.

Promoción de la conservación 

Actualmente, los dos mecanismos principales para promocionar e impulsar las costosas rehabilitaciones de los edificios históricos son las subvenciones y las deducciones en el IRPF.

Estos son los principales instrumentos a los que se intentan agarrar los vecinos para no incurrir en infracciones.

En cuanto a las primeras, el Consorcio de Santiago convoca anualmente ayudas para mantener los inmuebles. Concretamente, dentro del ‘Plan Ter é Manter’. 

Sin embargo, estas subvenciones no están amparadas por la ley que regula las deducciones.

Así, no solamente quedan excluidas, sino que además se computan como incrementos patrimoniales. 

De esta forma, recibir la ayuda podría implicar un salto en la escala de la tarifa del IRPF e, indeseablemente para los dueños, más impuestos a pagar.

Por estos motivos, desde el vecindario de la Zona Vieja denuncian una “discriminación en el trato fiscal que reciben” y piden un cambio en la normativa.