La decisión del Ayuntamiento de reducir el precio del billete del transporte público a partir de  mañana ha chocado con un escollo:. justo el día en el que el concejal de Movilidad Sostenible, Daniel Díaz Grandío, anunciaba una de las medidas estrella de su mandato, el juzgado contencioso-administrativo número cuatro comunicaba al Gobierno local que “se ha de abstener de cualquier intervención” mientras dirime la solicitud de Tranvías de medidas cautelares por considerar que perjudica sus intereses.
 
Al Ayuntamiento no le ha quedado más remedio que acatar la decisión judicial, aunque Grandío matizó que el juzgado no ha emitido ningún veredicto sobre los acuerdos municipales ni sobre las medidas cautelares, sino que “simplemente ordenan á Administración agardar a que se pronuncie sobre a solicitude de suspensión plantexada pola Compañía de Tranvías”. Por su parte, el director de la concesionaria, Ignacio Prada, señaló que “ya éramos conscientes de cuál era el procedimiento legal vigente, cuyas disposiciones legales siempre hemos respetado, y acataremos la decisión judicial”.

Posturas encontradas
La tesis de Tranvías es que el cambio de precio ignora el contrato de concesión de 1986, donde se estipula que la revisión de la tarifa se hará siempre al alza, mediante una fórmula polinómica. Por su parte, el Ayuntamiento invoca a la ley europea 1370/2007 que conmina a todas las administraciones con concesiones del ámbito de transporte a que cumplan con una doctrina de “beneficio razoable e compensacións non excesivas”. 

El 28 de diciembre llevaron un acuerdo a la junta de gobierno local con las líneas para la “regularización” donde se aprobó el nuevo régimen tarifario. Todo estaba preparado para que entrar en vigor el día uno pero ahora si, al final, el Ayuntamiento tiene que sufragar la diferencia entre la vieja o la nueva tarifa, lo asumirá”. 

Este revés ha generado las críticas de la oposición. “Nin reordenou as liñas, nin mellorou as frecuencias, nin ampliou os horarios nin recuperou o carril-bus; e agora, por riba, frustra as expectativas da única medida en catro anos que podía supoñer certa mellora no transporte público”, resumió la edil nacionalista Avia Veira.  

Reestructuración aplazada 
Aún así, se trata de un nuevo revés que el Gobierno local tiene que afrontar en un tema tan delicado como la Movilidad, que siempre ha sostenido como una de sus banderas. El propio Grandío tuvo que reconocer ayer que no habrá carril bus antes de que acabe el mandato, puesto que tampoco se llevará a cabo la anunciada reestructuración de las líneas. “O traballo vai con retraso, pero seguimos traballando, Agora mesmo non estamos en tempos de facelo antes do final do mandato”, admitió el edil, que señala que es una cuestión de lógica esperar a que esté listo el nuevo sistema antes de instalar el carril bus. Eso sí, aún pretenden presentar el nuevo plan antes de que finalice el mandato. 

 Eso deja en el aire qué pasará después de las elecciones de mayo. Después de 350.000 euros invertidos solo en informes de la Agencia de Ecología Urbana para planificar los cambios, si un nuevo equipo de Gobierno entrara en María Pita, todo el trabajo podría acabar en un cajón. Ya ocurrió así con la llegada del PP: el Gobierno de Carlos Negreira decidió que el plan encargado por el bipartito de Javier Losada (y también elaborado por la Agencia de Ecología Urbana) era inviable y retiró el carril bus, en cumplimiento de una promesa electoral. Pero Grandío se mostró confiado. “Eu creo que non vai haber cambio de goberno. Por eso estou tranquilo”, rió.