Greenfiber, la sociedad promotora del proyecto GAMA -formado por Greenalia y la multinacional lusa Altri- para implantar en el municipio lucense de Palas de Rei una fábrica de fibras textiles a base de celulosa, ha avanzado que recurrirá la resolución de dejar a esta iniciativa fuera de los fondos a los que aspiraba para financiar una parte de las instalaciones proyectadas.

Aunque en un comunicado enviado este miércoles la firma reconoce que “no ha recibido todavía comunicación oficial al respecto”, la empresa se pronuncia en relación con la noticia adelantada por eldiario.es sobre la resolución del Perte de Descarbonización” y anuncia que presentará el correspondiente recurso a la misma. Además, aclara que “la decisión de continuar con el proyecto nunca ha estado supeditada a la inclusión de GAMA” en esa convocatoria.

La sociedad promotora de la fábrica reconoce en la nota que la participación en la convocatoria se produjo con pleno conocimiento de que el proyecto GAMA no podía ser elegible por "razones de plazo”, dado que los proyectos candidatos tenían que estar listos antes del 31 de marzo de 2026, a excepción de que “el Gobierno español consiguiera acordar con la Comisión Europea una prórroga”.

Greenfiber recuerda también que “había más proyectos que se encontraban en la misma situación de incumplimiento del plazo de ejecución”, así como que a día de hoy no le consta que “la Comisión Europea haya aprobado esa prórroga”.

Con respecto a la descarbonización, la sociedad insiste en que la contribución del proyecto GAMA a ese objetivo radica en el proceso de fabricación, que reducirá las emisiones de CO2 en un 91% en comparación con la producción convencional de pulpa y lyocell en plantas no integradas y repartidas por el mundo.
Subraya, aparte, el hecho de que la materia prima que se prevé utilizar en el proceso es madera producida en proximidad, que hasta ahora se exportaba fuera de Galicia sin procesar, de modo que los trayectos que realizarán los camiones de transporte “se verán considerablemente reducidos, emitiendo, por consiguiente, una cantidad inferior de CO2 a la atmósfera”.

Por ello, ahonda en que se recurrirá esa resolución con “la confianza de que el Gobierno de España pueda alcanzar un acuerdo con la Comisión Europea para la ampliación del plazo de ejecución y se tomen en consideración las alegaciones de la compañía”.

De todas formas, Greenfiber insiste en que la viabilidad de este proyecto no radica en el PERTE de Descarbonización, sino que esta posibilidad era “una más de las vías que la empresa está explorando para articular la estructura financiera del proyecto y reducir el riesgo de la inversión inicial -que supera los 1.000 millones de euros-”, asociado al uso de nuevas tecnologías y a un elevado nivel de innovación.
Por lo tanto, aclara, “la no obtención de esta ayuda no altera la hoja de ruta prevista”.

El proyecto, refleja el escrito, sigue por tanto su curso, avanzando en los próximos trámites, como la Autorización Ambiental Integrada, tras haber obtenido la Declaración de Impacto Ambiental favorable a mediados de marzo.

De igual manera, en la identificación de otros instrumentos de financiación pública ya utilizados anteriormente por el Gobierno de España para otros proyectos industriales y que, como este, "destacan por su enfoque específico en proyectos con alto impacto en descarbonización e innovación tecnológica”.