La delegación de la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo que visitó esta semana España para examinar cómo se emplean los fondos europeos para la recuperación concluyó que los sistemas de control de estos recursos sufren “una serie de retrasos” y pidió mejorar su transparencia.

Así lo señaló la jefa de la delegación, Monika Hohlmeier que criticó la dificultad para encontrar los datos relativos a los fondos para la población y lamentó que no se les comunicase en detalle su impacto en la economía real. Recomendaron a las autoridades españolas que garantizasen que la información sobre los proyectos se publique de forma más accesible y más estructurada.

También detectaron que, aunque los sistemas de control están operativos, sufrieron “una serie de retrasos”, al tiempo que recomendaron una mayor interoperatividad y que el Tribunal de Cuentas reciba un acceso permanente a estos sistemas de control.

La misión consideró necesario “quitar las trabas burocráticas” de los fondos con el fin de dar más apoyo a los autónomos y a las pymes que desempeñan “un papel fundamental en la economía española”. Los eurodiputados hicieron también un llamamiento para que Estado y comunidades profundicen su diálogo y se refuerce el papel de cogobernanza en todas las partes.

“Cero tolerancia”

Tras la polémica sobre la reforma del delito de la malversación, la delegación preguntó al Ejecutivo sobre los últimos cambios que se realizaron en el Código Penal y le pidieron una garantía de que su legislación sea conforme con el principio de “cero tolerancia” respecto a la corrupción. La misión no halló indicio de infracciones o fraude, aunque reconocieron que “una licitación” recibió críticas por parte de diferentes sectores. “No hemos descubierto casos de fraude o infracción”, enfatizó.

En su visita, los diez eurodiputados, miembros de varios grupos políticos y de los cuales seis están adscritos a la comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara,  se reunieron con la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, así como con consejeros autonómicos. También se entrevistaron con representantes de la patronal y los sindicatos, de la industria digital, consultoría y con periodistas de investigación. 

La  misión elaborará un informe cuyas conclusiones no son vinculantes de cara a futuros desembolsos, ya que la aprobación de cada uno corresponde a la Comisión Europea.

Esfuerzo del Gobierno

La visita coincide con el reciente visto bueno por parte de la Comisión Europea para el desembolso a España del tercer tramo del plan de Recuperación y Resiliencia, dotado con 6.000 millones de euros, por lo que el Estado deberá encarar ahora las medidas a las que está sujeto el cuarto pago, entre las que se incluye la reforma del sistema de pensiones.

Sobre esta reforma, Hohlmeier contó que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se mostró confiado en que en meses venideros se resolverá este problema. “Este hito aún no está cumplido y eso significa que el Gobierno debe esforzarse a cumplirlo porque si no, se arriesga a las consecuencias”, alertó Hohlmeier, quien, no obstante, no tuvo la “sensación de que el Gobierno español se quiera quedar de brazos cruzados”. “No hay perspectiva de cortarle ahora el grifo a España”, zanjó.