El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ultima los detalles técnicos para cerrar las medidas pendientes de la reforma de pensiones con Bruselas y poder culminar las negociaciones a tres bandas dentro del propio Gobierno, en el Congreso y en el diálogo social.

Tras meses de intenso trabajo, la reforma -que busca mejorar los ingresos del sistema con medidas como el destope de las bases máximas- encara su recta final con unos plazos cada vez más ajustados en un año marcado por la doble cita electoral.

"Antes de Semana Santa habrá un acuerdo", aseguraba esta semana en Bruselas el propio Escrivá tras reunirse con el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, y reconocer que se estaba yendo "detalle por detalle" en una reforma compleja de "mucho calado" que se quiere llevar al Consejo de Ministros en las próximas semanas.

Junto a la eliminación progresiva del tope por el que cotizan los salarios más elevados, ese denominado destope, la otra pata de la reforma pasa por elevar el periodo de años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, una subida que irá acompañada de otras medidas para hacer, defiende Escrivá, el sistema más equitativo.

Podemos rechaza ampliar el periodo de cómputo

En ese planteamiento, la Seguridad Social se ha encontrado con el rechazo de Podemos, contrario a elevar este periodo, y de los sindicatos, que consideraban que este elemento no debía haber entrado en el perímetro de esta negociación.

Escrivá mantuvo durante esta semana que ampliar el periodo de cómputo sigue formando parte del paquete de medidas de la reforma, aunque se desconoce si será de la forma planteada inicialmente -pasar progresivamente de los 25 años vigentes a 30 años, pero computando solo los 28 mejores- o con cambios para poder terminar de encajar la negociación.

En ese contexto, el objetivo del Ministerio es terminar de cerrar todos los detalles con Bruselas cuanto antes para volver a sentarse con los sindicatos, la patronal y las fuerzas parlamentarias antes de llevar la norma al Consejo de Ministros.

Es en ese último punto de los grupos políticos donde los plazos se tornan más ajustados, ya que las mayorías en las que se ha apoyado el Gobierno para sacar adelante las reformas más relevantes empiezan a moverse en un periodo electoral de autonómicas y municipales.

Lo ocurrido con la reforma laboral, que pese a contar con el acuerdo del diálogo social se salvó de caer en el Congreso por un error del PP, ha sobrevolado en unas negociaciones de unas medidas con las que se busca garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema de pensiones. 

Desde los sindicatos UGT y CCOO han insistido esta semana en que "no tienen novedades" de la reforma y han pedido al Ministerio de Inclusión que se convoque al Pacto de Toledo y a la mesa de diálogo social, que no mantiene reuniones formales desde finales del año pasado.

A esa cita del diálogo social acudirá también la patronal CEOE que, no obstante, se ha desmarcado casi desde el inicio del acuerdo dado su frontal rechazo al destope de las bases máximas, una medida que conlleva un aumento de los costes laborales para las empresas.

Junto a este elemento, también se habría barajado incluir un recargo adicional para las cotizaciones de los salarios más altos, algo que tampoco gusta a los empresarios, aunque no se trata de una medida completamente cerrada, explican fuentes al tanto de las negociaciones.

Este último hito de la reforma de las pensiones estaba calendarizado para cumplir al cierre del año pasado, pero desde la Seguridad Social insisten en que se trata de calendarios flexibles y que esta reforma no va a condicionar la entrega de fondos.