Varios sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil muestran su recelo tras aprobar el Congreso la Ley de Vivienda al considerar que puede “entorpecer” operativamente sus actuaciones contra okupas y también en casos de desahucios. La crítica parte de que el Gobierno no ha tenido en cuenta su opinión, como ya ocurrió con la malograda reforma de la ‘ley mordaza’ de seguridad ciudadana.

“La nueva Ley de Vivienda no hace más que ahondar en la inseguridad que ya sufren los policías ante este tipo de situaciones”, apuntó Hugo del Prado, portavoz de Jupol.

Según este sindicato, con esta norma no podrán intervenir por sorpresa al tener que comunicar el día y la hora con antelación a la intervención policial para el desalojo de la vivienda ocupada.

La nueva ley incorpora una batería de modificaciones legales para dificultar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica, especialmente cuando el arrendador sea un gran tenedor de inmuebles, y se impedirán desalojos cuando no se haya intentado un acto de conciliación. Desde el Ejecutivo se subraya la diferencia entre actuaciones por impagos y aquellos casos en los que se actúa contra ‘okupas’.

Se pierde el efecto sorpresa

“En lo operativo, nos parece que la Ley perjudicará y entorpecerá nuestro trabajo de manera evidente”, añadió el secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Víctor M. Vigil, que también destaca que se pierde el elemento sorpresa, lo que pone en riesgo la seguridad de los agentes.

“Si hay incidentes planificados previamente para entorpecer o impedir el desalojo pueden derivar en alteraciones del orden público y poner en riesgo a terceras personas”, añadió el portavoz de la CEP, reacio a que se tenga que se tenga que comunicar fecha y hora del lanzamiento. “Estamos ante una novedad innecesaria y que supone un obstáculo muy importante para la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, remarcó.

Desde los sindicatos policiales consideran que vuelve a ser llamativo que una reforma normativa que afecta al trabajo policial se plantee sin siquiera recabar la opinión de los representantes de las organizaciones representativas, como la ocurrió con la ‘ley mordaza’ que no ha conseguido reformar el Gobierno de Partido Socialista y Unidas Podemos por la falta de apoyo de sus socios parlamentarios.

“No pedimos condicionar la agenda política de este país pero sí que se nos escuche cada vez que se plantee un cambio legal que pueda perjudicar nuestros cometidos. Entre otros motivos, para evitar ciertos riesgos jurídicos en nuestro trabajo y poder garantizar la integridad de los policías en intervenciones que, como ocurre con las usurpaciones de viviendas, plantean riesgos operativos evidentes”, indicó Víctor M. Vigil.