El PSOE registró una iniciativa en el Congreso con la que insta a las comunidades autónomas a declarar zonas de mercado residencial tensionado, según lo establece la Ley de Vivienda. Esta medida tiene como objetivo aplicar el índice de precios de referencia en el alquiler, que, según los socialistas, obedece a criterios “técnicos” y “científicos”. El indicador se aprobó el pasado 27 de febrero con el objetivo de controlar el incremento de los precios en las zonas donde los alquileres están “claramente tensionados”. El índice permite conocer el rango de valores de una vivienda en un área determinada como referencia para fijar los costes en los nuevos contratos de arrendamiento.

No obstante, este indicador sólo operará en aquellas comunidades que soliciten la declaración como zonas de mercado residencial tensionado de alguno de sus municipios, como ocurrió en Cataluña, que declaró tensionados 140 municipios. Una vez realizada esta gestión, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publicará de forma trimestral una resolución en la que se recogerá el periodo de vigencia como zona tensionada y otras particularidades que puedan afectar a la regulación de los contratos.

De este modo, los socialistas defienden que el indicador ofrece más transparencia y conocimiento del mercado del alquiler y sirve para favorecer el incremento de la oferta a precios asequibles. Los socialistas también indican que es “un elemento clave de seguridad jurídica en las relaciones entre arrendador y arrendatario”.

El PSOE insta a las administraciones competentes a declarar las correspondientes zonas de mercado residencial tensionado para que los ciudadanos “puedan beneficiarse” de esta aplicación del índice de precios.

Sumar

La del PSOE no es la única propuesta que el Congreso recibió en torno a la Ley de Vivienda y, más concretamente, sobre el índice mencionado. Sumar registró otra Proposición No de Ley (PNL) hace una semana para que el Estado o los ayuntamientos puedan declarar como tensionada una zona de mercado de vivienda, incluso si la comunidad autónoma en cuestión no actúa. 

El grupo plurinacional quiere dotar a estos organismos de esta capacidad cuando lo soliciten en caso de que las autonomías no den respuesta en un plazo de seis meses. La formación de Yolanda Díaz defiende esta posición porque en Madrid, por ejemplo, más del 90% de los municipios están tensionados y permitiría que los madrileños pagarían “hasta un 32% menos de alquiler”.

La propuesta de Sumar choca con otra iniciativa del PP que se aprobó con el apoyo de Vox, PNV y Junts en la Comisión de Vivienda del Congreso. Este documento empujaba al Gobierno a derogar aquellos artículos de la Ley de Vivienda que vulneren las competencias autonómicas.