El Departamento de Justicia de Cataluña pondrá en marcha una prueba piloto para el uso de pulseras GPS como alternativa para reducir el número de presos preventivos, una medida pionera en España dentro de una estrategia de 15 puntos para impulsar el régimen abierto.

Así lo han explicado hoy en el Palau Robert de Barcelona la consellera de Justicia, Gemma Ubasart; el coordinador de la estrategia, Josep Maria Torrent; y el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, Amand Calderó.

La prueba piloto forma parte de la Estrategia Nacional de Apertura Penitenciaria 2024-2025, que prevé 15 medidas encaminadas a fortalecer el impulso del régimen abierto, reducir la población penitenciaria y avanzar en la cohesión social y en la seguridad ciudadana.

El uso de pulseras GPS tiene como objetivo reducir el número de presos en prisión provisional, una medida restrictiva de libertad que solo puede decretarse ante situaciones de riesgo de fuga, reincidencia o destrucción de pruebas, y que debe aplicarse como última opción.

En Cataluña, un 42 % del total de personas privadas de libertad están en prisión provisional a la espera de juicio (1.663) o bien cumpliendo penas de prisión inferiores a dos años (1.725).

En este contexto, la prueba piloto con pulseras de geolocalización para reducir los ingresos en prisión preventiva debe servir para comprobar si su aplicación es efectiva, y si los jueces lo incorporan como una alternativa a los ingresos provisionales en la cárcel.

La prueba piloto se implementará en dos o más partidos judiciales, todavía por determinar, y se acompañará de un estudio de evaluación que permitirá valorar la eficiencia de la implementación y detectar los sesgos en su aplicación.

Aunque la medida impulsada por la Generalitat es pionera en España, países como Portugal, Francia o Bélgica hace años que han implementado sistemas de carácter tecnológico que van en esta línea.

En caso de que la prueba resultara exitosa, el departamento trabajaría para extender esta experiencia piloto al conjunto del sistema judicial de Cataluña.

Ubasart ha manifestado que "mientras que un 26 % de los presos que acaban su condena clasificados en régimen ordinario volverán a delinquir, solo un 10 % de las personas que la finalizan clasificadas en tercer grado o libertad condicional reincidirán".

"El ingreso en un centro penitenciario interpone una barrera evidente entre el interno y su entorno social, laboral y familiar", ha indicado.

Por su parte, Torrent ha defendido que es importante "abandonar prácticas del siglo XIX" en materia penitenciaria, mientras que Calderó ha subrayado la necesidad de acabar con la concepción punitiva en el desarrollo de este tipo de políticas.