El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se ha acogido a la ley de secretos oficiales y a la norma que lo regula para no desvelar si Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el pequeño Nicolás, trabajó para este organismo, bien de forma directa o con empresa interpuesta, o si fue objeto de seguimiento por sus agentes.

Así responde el CNI a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, que le requirió, como prueba documental solicitada por un acusado en una de las causas en las que está procesado, entre otros, el pequeño Nicolás, que le informara de si Gómez Iglesias prestó servicios para el centro de inteligencia.

El requerimiento de la defensa de uno de los acusados forma parte de la causa en la que la Fiscalía pide para el pequeño Nicolás nueve años y tres meses de prisión por crear una red para obtener información policial con el objetivo de hacerse pasar por un alto cargo del Estado y ofrecer ayuda a terceros a cambio de dinero.

Según la Fiscalía, durante 2014 Gómez Iglesias pidió información sobre la titularidad de matrículas de vehículos a dos policías municipales, quienes accedieron a la base de datos de Tráfico fuera de los supuestos en que ellos están autorizados.

Estos datos eran utilizados por Francisco Nicolás parta contactar con los titulares de las matrículas, a quienes "les hacía creer que tenía estrecha relación con distintos organismos y autoridades de las Administraciones Públicas".

A ellos "les ofrecía su ayuda para hacer gestiones ante las mismas con la única finalidad de obtener dinero por una intermediación ficticia", según el escrito de acusación.

Luego, repartía las ganancias con los dos agentes municipales, con quienes creó un grupo de Whatssap llamado "Departamento Seguridad Nacional", en el que se concretaba el dinero a repartir por cada una de las colaboraciones.

Durante la instrucción de esta causa, la Audiencia de Madrid ha pedido al CNI que, a petición de uno de los acusados, informe de si el pequeño Nicolás realizó labores para este organismo entre 2013 y septiembre de 2014 y si entre julio y septiembre de ese último año fue objeto de seguimiento por parte de agentes del CNI.

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Efe, el CNI insiste en que "como consecuencia de la especial singularidad de los cometidos y funciones asignadas" al centro, cualquier información sobre sus actividades constituye información clasificada con el grado de secreto, lo que supone "un impedimento legal" para acceder a esa información.

"Su incumplimiento puede revestir su caracterización como ilícito disciplinario o penal", advierte.

Recuerda además que, según el artículo 8.2 de la ley de secretos oficiales, solo podrán acceder a materias clasificadas los órganos y personas debidamente facultados para ello.

"Le traslado la imposibilidad de este CNI para, sin violentar la protección que las normas de nuestro ordenamiento jurídico dispensan a la información clasificada, comunicar cualquier información que pudiera conducir al conocimiento de las actividades del CNI", concluye el escrito, que lleva la firma de la directora del centro, Paz Esteban.

Tras esta respuesta, la defensa de uno de los acusados ha pedido a la Audiencia que exhorte al CNI para que "remita la información que le ha sido solicitada sin censura".