La Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera encara este jueves su debate en el Pleno del Congreso, después de que la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación aprobara el texto sin ningún voto en contra.

 

El texto a debatir en el hemiciclo incorporará finalmente una enmienda del PNV para que la información contenida en los registros de buques de pescas sea bidireccional entre el Estado y las comunidades autónomas, de forma que tanto la Administración del Estado como las comunidades autónomas tengan conocimiento "en todo momento" de los buques registrados.

 

Asimismo, el documento incorporó en comisión tres enmiendas del BNG para elaborar catálogo de enfermedades profesionales propias de los trabajadores del mar, una disposición para la garantía del derecho de voto de los tripulantes embarcados en altura y gran altura y otra para que las autoridades laborales promuevan, medien y favorezcan la consecución de convenios colectivos que garanticen condiciones laborales dignas a los tripulantes en la pesca de gran altura, altura y litoral.

 

La norma pretende fortalecer la conservación y el uso sostenible de los recursos pesqueros, apostando por un uso más eficiente y flexible de las cuotas pesqueras.

 

El texto pesquero pretende procurar que la actividad pesquera contribuya a la creación de empleo a la generación de riqueza y la cohesión social de las zonas costeras de España, así como el fortalecimiento del vínculo entre la ciencia y la acción política en esta materia.

 

Además, la nueva ley introduce la facultad de adoptar medidas para fortalecer la conservación y uso sostenible de los recursos pesqueros como la limitación del volumen de capturas o la regulación del esfuerzo pesquero, de los artes y aparejos utilizados, del peso o talla de las especies, o el establecimiento de vedas.

 

Por otro lado, el texto también incluye coeficientes reductores para la edad de jubilación de algunos colectivos de trabajadores del ámbito del mar y pesquero, cuyas profesiones son de gran desgaste.

 

La nueva normativa forma parte del compromiso programático que adquirió el Gobierno y que se sustenta en actualizar la Ley de Pesca Marítima del Estado, promulgada en el año 2001, para adaptarla a la situación y realidad actuales del sector, incorporando todas las novedades legislativas de ámbito comunitario y sobre la gobernanza de los océanos producidas en los últimos 20 años.